Los diálogos para poner fin al conflicto en Colombia retoman hoy aquí su quinto ciclo, periodo en el cual centran la atención el cese bilateral de hostilidades, el desarrollo rural y la participación ciudadana en el proceso de paz.
Los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y del gobierno de Juan Manuel Santos se reúnen en el habanero Palacio de Convenciones, sede permanente de las pláticas, para buscar acuerdos que permitan terminar un enfrentamiento armado de más de medio siglo.
Hasta esta cuarta jornada del quinto ciclo, la mesa de conversaciones se ha concentrado el primer punto de la agenda: el desarrollo agrario, sobre el cual las partes van logrando aproximaciones, de acuerdo con las declaraciones ofrecidas al concluir la cuarta ronda.
En el primer día del ciclo actual, la guerrilla presentó 10 propuestas mínimas para garantizar la soberanía alimentaria y el buen vivir de la población, lo cual incluyó elementos como el derecho ciudadano de definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, comercialización y consumo de alimentos.
Sobre el tema, el gobierno colombiano se ha mostrado a favor de la transformación del campo, como una de las variables principales para lograr acceso de los campesinos a la tierra.
Además del asunto agrario, la agenda pactada para guiar las pláticas incluye las garantías para la participación política, el fin del conflicto armado, la solución al problema de las drogas ilícitas, los derechos de las víctimas y los mecanismos de verificación y refrendación de lo pactado en la mesa.
El tema del cese bilateral de hostilidades ha sido aludido por parte de las FARC-EP, quienes lo consideran un imperativo en aras de propiciar un clima favorecedor para el desarrollo del diálogo, iniciado el 19 de noviembre en esta capital con Cuba y Noruega como garantes.
Por su parte, la administración de Santos ha manifestado que el establecimiento de la paz solo puede lograrse como resultado de los posibles acuerdos a que arribe la mesa en La Habana.
Los guerrilleros realizaron además un llamado a reconocer el derecho de los ciudadanos de participar en el proceso de paz, algo que según el Derecho Internacional no puede ser criminalizado, afirmaron.
"El Estado colombiano no puede penalizar -como lo intenta y lo hizo con anterioridad y perniciosamente- castigando a las personas por mantener diálogos con la insurgencia", señalaron en un comunicado.
Tomado: Prensa Latina
