A finales del año anterior, tras conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el diferendo entre Colombia y Nicaragua, los medios de comunicación, voceros de las clases dominantes, políticos y politólogos, abogados y una caterva de oportunistas, encabezados por un expresidente de la República –el más descarado pro imperialista y vendepatrias que se recuerde en la historia de sumisión que caracteriza a la oligarquía criolla- llamaron a desconocer el fallo y, recurriendo al más barato y mentiroso de los nacionalismos, clamaron porque se adelantara una guerra contra Nicaragua para defender los Callos y el mar circundante. Al mismo tiempo, los sicarios del micrófono y de la pluma –que abundan en este país- pasaron rápidamente a difundir sus breviarios de odio y resentimiento contra los nicaragüenses. Enseguida, Juan Manuel Santos siguió con la misma tónica y decidió desconocer el fallo, con lo que se ha dado muestra que el colombiano es un Estado canalla, al estilo de Israel o los Estados Unidos, para el cual el derecho internacional solamente es aceptable cuando le conviene o cuando las grandes potencias le imponen sus intereses.
Todos esos chovinistas, con unos bríos que los hacían aparecer como cruzados medievales en defensa de la patria –es decir de sus fundos, bancos y propiedades-, se rasgaban las vestiduras como los primeros defensores de la soberanía nacional, que supuestamente fue lesionada por los jueces de la Haya. En forma demagógica dieron la impresión de preocuparse por los habitantes raizales de San Andrés y Providencia y hasta realizaron manifestaciones políticas de rechazo al fallo mencionado en los territorios insulares del Caribe colombiano, derramando lágrimas de cocodrilo por la triste situación de los pescadores isleños, como si alguna vez en realidad se hubieran preocupado por ellos, que desde siempre han soportado el olvido y el abandono del Estado central.
Tales muestras de nacionalismo no pasaban de ser un simulacro porque, al mismo tiempo, los mismos sectores que tronaban contra Nicaragua y contra la corte de la Haya, son quienes han feriado y entregado el territorio colombiano para que sea un botín de las empresas multinacionales de la minería y lo han convertido en la más grande base militar de los Estados Unidos.
Por si hubiera dudas de su verdadero carácter antinacional del Estado colombiano, pocas semanas después, exactamente en el mes de diciembre de 2012, sucedió un hecho que demostró fehacientemente ese espíritu entreguista, cuando en silencio y casi a escondidas se le dieron a la empresa carbonífera Drummond 60 mil millones de pesos, para cumplir con un laudo arbitral que se falló en contra de Colombia a finales del 2011, por parte de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio, son sede en París. El origen de este fallo se remonta a la demanda que la Drummond interpuso contra el Estado colombiano por supuesto incumplimiento en el transporte de carbón por ferrocarril desde el Departamento del César hasta Santa Marta, más exactamente por parte de Ferrocarriles del Norte de Colombia, FENOCO.
Como suele ser normal en estos casos, el fallo favoreció a la empresa multinacional del carbón, y los árbitros enviaron copia del Laudo a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justica que dio un concepto favorable, con el argumento que el fallo era acorde con el derecho interno de Colombia. Los árbitros habían determinado que Colombia debía pagar 38 mil millones de pesos por costos de transporte de carbón y 13 mil millones por no haber cumplido con sus deberes de vigilar y controlar la vía. El fallo fue aceptado sin ninguna oposición, ni jurídica ni política, pero como el presupuesto del año 2012 ya estaba aprobado no se asignó la partida correspondiente, y no se pudo pagar en el 2011. Esto se hizo con un impresionante mutismo y en secreto en diciembre de 2012, cuando se le entregaron 60 mil millones de pesos como parte de la multa impuesta al país, más los respectivos intereses.
No es que sea novedoso que el Estado colombiano y sus diversas instancias, como la Corte Suprema, avalen los intereses del capital transnacional sin reparo alguno, lo que resulta llamativo es que el desembolso de la indemnización que se le entregó a la Drummond se hubiera hecho en el mismo instante en que el fervor patriotero contra Nicaragua alcanzaba las cotas más altas. Y llama también la atención que el abogado que “defendió” al país en este laudo haya sido un uribista de pura cepa, nada más ni nada menos que Edmundo del Castillo, Secretario Jurídico de la Presidencia ilegitima del hacendado paisa, y hoy acusado de varios delitos, entre ellos las chuzadas ilegales del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Es decir, que de manera directa, un miembro de los que se reclaman como grandes patriotas, tanto que cantan el himno nacional con la bandera al pecho al más puro estilo fascista y con camisa negra al estilo de Juanes, no sólo sabía del resultado adverso contra los intereses del país que se perpetró en París, sino que intervino de manera directa en el asunto. Sin embargo, ante tamaño atraco ninguno de los patrioteros que se hacían cruces por la decisión de La Haya ha abierto la boca para protestar y denunciar el arrodillamiento ante la Drummond. Los mismos que respiran odio y entonan cánticos de guerra contra nuestro vecino centroamericano han permanecido mudos y, por supuesto, no han hecho encendidos y belicosos llamados para que ese fallo a favor de la multinacional del carbón fuera desconocido. Ni el ex presidente paisa ni Juan Manuel Santos, tan beligerantes a la hora de desconocer el fallo relacionado con San Andrés, han comentado este acontecimiento ni han enviado al respecto ningún insoportable mensaje a través del twitter, como cuando se anuncia, con regocijo propio de los vampiros sedientos de sangre, el asesinato de algún comandante de la insurgencia. Santos, por ejemplo, afirmaba el 18 de diciembre que no acataría el fallo de la Haya, al tiempo que por debajo de cuerda ya se habían entregado los 60 mil millones de pesos a la Drummond, empresa que, como en el cuento de Rafael Pombo, es una pobre viejecita sin nadita que comer.
Este silencio simplemente revela hasta donde llega el supuesto nacionalismo de la oligarquía criolla: patrioterismo barato y retórico respecto a otros países de la región, más pequeños y en teoría más débiles militarmente (recuérdese al respecto lo sucedido con Ecuador en marzo del 2008) y sumisión absoluta y abyecta respecto a los países imperialistas y sus empresas multinacionales, a los que se les concede todo lo que exijan.
En el caso de la Drummond el asunto adquiere unos mayores ribetes de indignidad, si se tiene en cuenta que esta multinacional estadounidense, que explota el carbón en la costa atlántica colombiana, es responsable de innumerables crímenes ambientales y sindicales. Crímenes ambientales, puesto que desde hace años viene destruyendo los ecosistemas de la región, contamina campos y ciudades, vierte toneladas de carbón al mar, como se ha comprobado recientemente, y en virtud de lo cual se le impuso la ridícula multa de 2.900 millones de pesos, es decir, 20 veces menos que la que le pagó el Estado colombiano. Y crímenes laborales, porque se ha comprobado que esa empresa ha financiado a grupos paramilitares que han asesinado a varios dirigentes sindicales. Además, uno de sus más acérrimos defensores, y ahora ex presidente, admitió haber recibido dinero de esa empresa para pagar los honorarios del abogado que logró que ese personaje no declarara en los Estados Unidos en el proceso que se adelanta contra la Drummond por paramilitarismo y asesinato de sindicalistas.
Con este hecho queda claro el verdadero significado del patriotismo barato y de pacotilla de la oligarquía y del Estado colombiano. Ese patrioterismo sólo sirve para incitar el odio y el racismo contra los países vecinos, a la par que le sirve de disfraz a esa oligarquía para encubrir su carácter de ficha incondicional de los intereses imperialistas en el país y en la región, a nombre de la pretendida confianza inversionista, un simple eufemismo para ocultar su mentalidad servil y neocolonial.
Por Renán Vega Cantor
Tomado: Agencia Prensa Rural
