Aunque su propósito parece loable -defender a sus comunidades de la embestida de organizaciones criminales, dedicadas a la extorsión o a explotar recursos naturales- la oficina del Ombudsman y especialistas han alertado sobre el riesgo de que se conviertan en grupos paramilitares al estilo de Colombia, informó la agencia noticiosa ANSA.
En lugar de desalentarlos, algunos gobiernos provinciales han permitido que se multipliquen, a pesar de que son cada vez más las voces de preocupación de organismos civiles y especialistas que advierten sobre los riesgos de estimular su expansión, una iniciativa que según algunas fuentes fue promovida por el asesor de Peña Nieto.
El Consejo Coordinador Empresarial por ejemplo señaló a través de su presidente, Gerardo Gutiérrez, que los grupos de autodefensa son el claro ejemplo de que las autoridades han sido “rebasadas, ausentes, cooptadas o socias de los criminales”.
Sin embargo, Gutiérrez dijo que el remedio “no puede ser un Estado en repliegue, que claudique en su obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos, ni siquiera como alternativa provisional”.
El empresario llamó a los gobiernos de los estados y municipios donde se ha presentado el fenómeno, así como al gobierno federal, a “unir fuerzas para poner un alto a esta situación en lo inmediato, brindando protección efectiva a la población”.
“La reacción debe de ser rápida y firme, poniendo por delante la legalidad, la seguridad y los derechos humanos”, expuso.
Los propios grupos de autodefensa han empezado a entrar en disputa con las policías comunitarias, que son organizaciones más legítimas, surgidas de las leyes ancestrales de las comunidades indígenas.
El nuevo Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, propuso “un análisis serio sobre los grupos de autodefensa” y “distinguirlos” de las Policías Comunitarias que existen con un marco legal en los estados.
Al menos tres grupos son los que han obligado a las autoridades a presentar denuncias penales en el estado sureño de Guerrero.
En dos casos, ocurridos en Ayutla y Tixtla, las querellas fueron por homicidios dolosos y en una tercera, en Buenavista Tomatlán, estado sureño de Michoacán, por despojo de patrullas y armas a la policía municipal.
Algunos gobernadores justifican esta explosión de descontento como una forma de organización derivada de “usos y costumbres” de comunidades indígenas, pero la Constitución prohíbe restringir las libertades de tránsito o la justicia por mano propia.
Inclusive, hay casos especiales como los de la comunidad menonita (amish) y mormones en el norteño estado de Chihuahua, en los municipios de Ascención y Galeana, que crearon grupos armados para enfrentar a secuestradores y extorsionadores de grupos criminales.
Cerca de la capital, en tres municipios del estado de México -Amatepec, Tlatlaya y Tejupilco- surgieron guardias de vecinos armados para encarar al cártel de La Familia Michoacana, que asola a la región.
Los guardias civiles usan armas rudimentarias, palos y hasta piedras, pero en Buenavista Tomatlán, zona de Apatzingán, en el estado de Michoacán, están empleando rifles automáticos AK-47 y AR-15, de uso exclusivo del Ejército.
Tomado: tercerainformacion.es
