En lo que va del año, 92 represores dejaron las cárceles para volver a sus casas. No son unos pocos beneficiados, sino que representan una tendencia que muestra que casi el 64 por ciento de quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura purga su condena o espera el juiciolejos de la prisión, según las estadísticas difundidas esta semana por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. La situación preocupa a los organismos de derechos humanos, que temen que los arrestos domiciliarios funcionen como un mensaje de impunidad.El año arrancó con el mismo número de represores en sus casas que como había terminado 2017: 549. Pero, en nueve meses, trepó a 641. La cifra difundida por el Ministerio Público Fiscal asombra más si se la coteja con el número de genocidas que están presos: solo 272. Y puede preocupar aun más si se presta atención a las estadísticas del Servicio Penitenciario Federal (SPF) – que depende del Ministerio de Justicia: en establecimientos federales, solo hay 217 genocidas presos
La tendencia a que haya cada vez más genocidas en la casa se acentuó con fuerza en 2016 – coincidentemente con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Hasta 2015, la propensión mostraba que el mayor número de condenados o acusados por delitos de lesa humanidad purgaba o esperaba su condena en la cárcel. Pero cambió en 2016, cuando los represores presos eran solo 460 y 519 los que estaban en domiciliaria. En 2017, el salto fue a 549 represores detenidos en sus domicilios. No es una variación tan significativa como la que ocurrió en los últimos meses y podría explicarse por la reacción social que generó el fallo del 2×1 de la Corte Suprema que abría la puerta para una liberación temprana de los genocidas. Sin embargo, este año el proceso se aceleró.
Los números de la Procuración muestran, también, que hay más causas en trámite o ya elevadas a juicio que las que fueron juzgadas, por lo que el proceso de juzgamiento goza de buena salud, aunque la cárcel para los perpetradores ya no es la regla. Noventa y cuatro causas esperan para ser examinadas por un tribunal oral y 254 se están instruyendo.
“El proceso de juzgamiento está plenamente activo. Eso es un buen signo”, dice la fiscal María Ángeles Ramos, a cargo de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, en diálogo con El Destape. “Pero notamos un incremento considerable de las domiciliarias. Eso nos marca un punto diferencial con el resto de las causas – por ejemplo, por delitos comunes –en las que no se cumple con la misma proyección”, agregó.
Ramos explicó que, desde el Ministerio Público, están siguiendo con atención las domiciliarias que se otorgan por razones de edad sin que exista una razón de salud que lo justifique y que demuestre que la persona puede recibir un mejor tratamiento en la casa que en su lugar de detención. Los fiscales, además, están pidiendo que a todos aquellos que pasan a la modalidad de arresto domiciliario se les coloque una tobillera electrónica que permite controlar que no dejen la casa sin autorización.
Diez días atrás, un grupo de defensores de represores se reunió con dos representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) – como difundió El Destape. En esa reunión, los abogados le hicieron saber a los clérigos que están reclamando la salida anticipada de la cárcel para los mayores de 65 años y no de 70 – como marca el Código Penal. Se amparan en instrumentos internacionales ratificados por Argentina.
Tomado: tercerainformacion
