La sociedad civil presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las preocupaciones sobre el estado actual de la búsqueda, identificación y entrega en caso de fallecimiento, de las más de 83.000 víctimas de desaparición forzada en Colombia. Esta es la cifra oficial del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), pero puede ser mayor según las denuncias de organizaciones de derechos humanos y los subregistros de la información. Es decir, Colombia podría tener entre tres y cuatro veces más personas desaparecidas que las registradas durante la dictadura en Argentina.
En la audiencia se hará especial referencia sobre la situación de los cementerios municipales, en los que, según las propias cifras de instituciones del Estado, existen más de 26.000 cuerpos sin identificar en 426 cementerios diagnosticados por el Ministerio del Interior. Se desconoce la situación en la que se encuentran muchos otros municipios afectados por el conflicto armado, además del número total de cementerios.
Si bien existe un marco normativo que protege a las víctimas y una reglamentación específica para el manejo de cuerpos de personas no identificadas -PNI en los cementerios, en la práctica la situación es dramática en buena parte del país, con riesgos permanentes de extraviar cuerpos, de perder documentación, cementerios sin condiciones mínimas de salubridad y falta de control y de personal adecuado. La situación es mucho peor en las fosas comunes y sitios sin regulación que no tienen una sola medida de protección.
Para ejemplificar las denuncias, durante la Audiencia se presentarán casos específicos de cementerios que se encuentran en estado crítico y que reflejan una problemática nacional, como el de Tumaco, uno de los municipios más afectados por la violencia en Colombia.
Otra denuncia que se hará es que las instituciones estatales no siempre cumplen los protocolos de entrega digna de los cuerpos de las víctimas que ya han sido identificadas. En algunas entregas no se permite a las familias participar en la preparación de las ceremonias ni conocer de qué forma las entidades identificaron el cuerpo.
Todas estas problemáticas requieren que las entidades estatales actúen de forma articulada, desplieguen mayor asignación presupuestal y desarrollen inversiones necesarias y urgentes. Hasta la fecha ha faltado una política de acción integral y efectiva para proteger lugares con cuerpos de personas no identificadas, lo que se entiende también como una falta de trato digno de las víctimas y sus familiares. Esta articulación resulta de extrema necesidad en este momento que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha iniciado sus labores.
La CIDH ha emitido recomendaciones para Colombia sobre casos de desaparición forzada y búsqueda de las víctimas, pero la implementación ha sido insuficiente y los resultados siguen siendo pobres, teniendo en cuenta la dimensión de la problemática. Por lo que se solicita a la CIDH hacer seguimiento y dar atención y acompañamiento especializado para el cumplimiento de los deberes y compromisos del Estado colombiano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La audiencia de Colombia en la CIDH fue solicitada por 18 organizaciones sociales , que serán representadas durante la intervención por abogadas y abogados de la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda -OFB, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar y la Corporación Jurídica Libertad -CJL, en la ciudad de Sucre, Bolivia.
Tomado: Agencia Prensa Rural
