Sectores políticos y sociales de Colombia condenan la decisión del presidente colombiano, Iván Duque, de objetar seis artículos de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz, obligando a un nuevo y dilatado trámite en el Congreso. «Las seis supuestas objeciones presidenciales no buscan genuina justicia.
En realidad, intentan hacerle daño a la paz, a los derechos de las víctimas, y a los exguerrilleros y militares que están ante la (Justicia Especial de Paz)», tuiteó el domingo el senador del Polo Democrático Alternativo (PDA, centroizquierda), Iván Cepeda.
Las objeciones presidenciales se producen después de que Duque dio un ultimátum al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para desmovilizarse o «enfrentar todo el peso del Estado colombiano», publica HispanTV.
«De lo contrario, estarán el Estado y el aparato judicial respondiéndoles como lo demandan la Constitución y la ley», insistió Duque, que desde su campaña presidencial ha cuestionado el acuerdo de paz alcanzado en 2016 entre Bogotá y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Cientos de activistas e internautas han exigido al Gobierno de Duque que no dé marcha atrás en los diálogos con el ELN, usando etiquetas como #AdelantePorLaPaz, con las que expresan su deseo de acabar con el conflicto armado en el país.
Ello sucede mientras el excomandante de las FARC, Jesús Santrich, denunció que planean matarlo o extraditarlo y que no comía por temor a ser envenenado. «He recibido documento de la Fiscalía General de la Nación que habla de una grave situación de riesgo respecto a mi persona», escribió el exjefe guerrillero en una carta enviada a los países garantes del acuerdo de paz y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Tomado: Granma
