De dichas acciones vienen siendo objeto las autoridades y la guardia indígena en el norte del Cauca (oeste) al igual que las comunidades campesinas, quienes buscan el buen vivir para la sociedad, subrayó mediante una declaración.
Asimismo, el CRIC detalló que circula un panfleto donde acusan a los líderes de estar ‘confabulados con el ejército’ declarando ‘objetivo militar a los líderes indígenas, campesinos de Corinto, Miranda, Toribio, Caloto, Florida y Pradera’.
También se refirió al reciente atentado contra Oscar Salazar, defensor de los Derechos Humanos, quien fue interceptado por dos hombres armados en una motocicleta de alto cilindraje.
No es posible que grupos armados que dicen luchar contra las políticas neoliberales y la oligarquía, hoy apunten sus armas contra el pueblo, un discurso engañador que se cae por su propio peso, señaló.
Presumimos que el negocio de la guerra y de las armas le interesa al Gobierno y sus fuerzas armadas que permiten que se trafiquen drogas hacia el exterior y al mismo tiempo el tráfico fuliginoso de armas de diferentes países hacia el territorio colombiano, añadió.
El CRIC significó que el movimiento indígena y campesino continuará con la frente en alto, con dignidad, con fuerza, con lideresas y líderes que seguirán orientando como lo han encomendado sus comunidades, en el marco de los principios de unidad, tierra, cultura y autonomía.
Asimismo, puntualizó que continuarán con sus planes de vida de los pueblos y comunidades que permanentemente exigen el respeto y garantía de los derechos civiles y políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales fortaleciendo cada día la guardia indígena.
En dicho entorno, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) declaró recientemente emergencia humanitaria por la muerte de más de 158 nativos desde la firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre el Estado y la exguerrilla FARC-EP.
Nos vemos en la obligación ética y política de declarar la situación de emergencia humanitaria, social y económica en todos los pueblos indígenas de este país, informó en conferencia de prensa.
La situación humanitaria y la estrategia de despojo territorial en la que viven nuestros pueblos originarios, no da espera. Estamos enfrentados a un genocidio físico y cultural, aseveró.
Luis Acosta, coordinador nacional de la Guardia Indígena, hizo un llamado para que ‘los organismos del Estado presten atención al genocidio que hoy sufren los pueblos originarios’.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, más de 750 líderes sociales fueron asesinados en Colombia, 158 de ellos pertenecían a los pueblos indígenas. Durante el año transcurrido de la llegada al poder del presidente Iván Duque, 94 miembros de esas comunidades fueron ultimados, apuntó la ONIC.
Tomado: Tercerainformacion
