Durante su campaña por la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, actual mandatario de esa nación sudamericana, prometió que abriría la Amazonía a más desarrollo comercial, incluyendo la minería y la agricultura a gran escala.
Bajo la consigna «donde hay tierra indígena hay riqueza debajo», siendo ya presidente, comenzó agresivamente a promover políticas encaminadas a cumplir su promesa.
Su primera acción fue eliminar el sistema de protección para las comunidades indígenas, consagrado en la Constitución de Brasil, y recortar los fondos de la Fundación Nacional del Indio (Funai), agencia federal responsable de defender los derechos indígenas.
Compañías mineras y madereras, empresas de explotación agrícola a gran escala, cazadores de fortuna, invasores ilegales, hacen presa de zonas que durante años han estado protegidas, y que pertenecen a los pueblos originarios, provocando la deforestación de amplias zonas de bosque, contaminación ambiental y crímenes contra sus habitantes.
La salida de los médicos cubanos, provocada por Bolsonaro, ha generado un gran vacío de atención médica, situación que se agrava con la pandemia de la COVID-19, en una población desprotegida y completamente desamparada.
La política que sigue Bolsonaro contra los pueblos originarios de la Amazonía, desplazándolos de sus tierras, con el objetivo confeso de convertirlos en «ciudadanos» habitantes de las villas miserias, o de las favelas, excluidos, marginados y desempleados de las grandes ciudades, es un acto premeditado de etnocidio, para así completar la obra de robo y exterminio comenzada por los colonizadores.
Tomado: granma
