La situación en el departamento del Cauca es dramática y horrorosa para las comunidades y sus organizaciones, ya que en el último mes se han agudizado las violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH.
Los grupos armados irregulares, en una tenebrosa mezcla de estructuras paramilitares y de disidencias, vienen hostigando y sembrando terror en la región, además, ésta es una zona de elevada militarización, donde los contingentes de las FFMM no garantizan seguridad alguna para los pobladores, más bien los pone en la zozobra, generando una situación que ahonda la crisis humanitaria en estos territorios.
Desde finales del mes de marzo, mientras en el país de decretaba el confinamiento obligatorio y la cuarentena por la emergencia sanitaria de la pandemia de COVID-19, grupos armados irregulares agredieron a mas de 27 familias de la vereda Betania, en el municipio de Argelia, obligándoles a desplazarse de sus hogares, ya que la comunidad fue víctima de saqueos, chantajes, amedrentamientos y amenazas por parte del grupo armado, situación que provoco el desplazamiento de estas personas.
El grupo armado, que la comunidad denuncia haría parte de las disidencias del grupo “carlos patiño”, difundieron una serie de amenazas contra la vida de los dirigentes de la Guardia Cimarrona y el Consejo Comunitario Afrodescendiente Renacer, que hace parte de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca y que tiene presencia en el cañón del Micay, en el Tambo, región que se constituye en un corredor hacia el pacifico colombiano y que se convierte en un territorio en disputa entre grupos armados que propenden por su control.
El 17 de abril fue asesinado el líder social Teodomiro Sotelo Anacona, en la vereda Betanía, al parecer por el mismo grupo responsable de los desplazamientos, el 18 de abril ultimaron a Andrés Cansimance Burbano, esposo de una lideresa comunitaria de la vereda Honduras, en la región de San Juan del Micay, a quien asesinaron con arma de fuego en presencia de la comunidad.
La situación se agravó el día de ayer, 22 de abril, cuando el grupo armado que viene sembrando el terror en la región, en horas de la tarde, arremetió contra una asamblea comunitaria en la vereda Agua clara, y sin atender los ruegos de la comunidad retuvieron a dos jóvenes, Jesús Albeiro Riascos y Sabino, a quienes acribillaron posteriormente.
La compleja condición en el departamento se empeora y afecta a otros municipios, en el corregimiento La Elvira, vereda Los Robles, del municipio de Buenos Aires, el 19 de abril es asesinado Mario Chilpueso Cruz, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos y Pequeños Productores Agrícolas de Buenos Aires, Cauca, ASTCAP, organización del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente cClombiano, PUPSOC, filial de la coordinadora social y política Marcha patriótica.
Solo tres días después, ayer 22 de abril, en la vereda San Pedro de Santander de Quilichao, es asesinado en su residencia, el defensor de derechos humanos, reclamante de tierras y sobreviviente de la masacre del Naya, Hugo De Jesús Giraldo López, dirigente del PUPSOC, asesor de ASTCAP y compañero de Mario Chilpueso.
Estos crímenes infames, violaciones de derechos humanos e infracciones sistemáticas al DIH, tienen que parar, las organizaciones sociales de la región han elevado las denuncias y emplazan al gobierno central y a los órganos de control a establecer las medidas necesarias y conducentes para esclarecer la verdad frente a estos homicidios y encontrar los responsables. Las comunidades exigen la desmilitarización de la zona y demandan a los grupos armados a cesar toda acción que afecte a la población civil.
El Estado debe atender el grito desesperado de las comunidades, la oferta institucional no puede ser la guerra, los crímenes quedan en la absoluta impunidad y el Ejército y la Policía no garantizan la seguridad de las comunidades, además, mientras la población en la ruralidad busca protegerse de la posibilidad de contagios por COVID-19, las fuerzas militares despliegan operaciones de erradicación forzada con gigantescos contingentes, poniendo en riesgo la salud de los campesinos, y dando tratamiento militar y de guerra a los cultivadores de coca, desconociendo acuerdos, y amedrentando con armas de fuego a los labriegos, dejando hasta ahora el vergonzoso saldo de dos campesinos muertos, en regiones distantes, pero con la misma problemática y los mismos incumplimientos, como lo son el Catatumbo y Tumaco en Nariño, donde ayer, 22 de abril cegaron la vida del campesino Ángel Artemio Nastacuaz .
La guerra no puede seguir siendo la tenebrosa realidad para las comunidades rurales.
Tomado: Agencia Prensa Rural
