Caquetá está situado en el noroeste de la Amazonía, tiene un área de 88.965 kilómetros cuadrados y limita por el norte con los departamentos de Huila y Meta; por el sur con el río Caquetá que lo separa de los departamentos de Amazonas y Putumayo; por el occidente con Huila y Cauca y por el oriente con Guaviare y Vaupés.
A partir de la década de los 80s la violación de los derechos humanos se incrementó al exacerbarse el conflicto político – militar con la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC – EP y el M – 19 y en menor escala con el Ejército Popular de Liberación, EPL. “Los batallones de contraguerrilla, dice el documento, protagonizaron desplazamientos, desapariciones, asesinatos y estigmatización en casi todos los municipios del departamento afectando mayormente las familias campesinas”.
Ante la gravedad de los hechos, los líderes populares y de izquierda con el acompañamiento de la iglesia católica en cabeza de monseñor Cuniberti y el comité permanente por la defensa de los derechos humanos, realizaron en Florencia, su capital, el primer foro departamental de derechos humanos, una de sus conclusiones fue crear el capítulo Caquetá del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
Los miembros del naciente comité fueron inmediatamente víctimas de sendas amenazas, al parecer, por organismos del Estado, especialmente, dice el documento, por la SIJIN, B2, DAS, dificultando ostensiblemente la acción humanitaria del Comité.
A partir de 1.995, hace su presencia el paramilitarismo, el denominado bloque sur Andaqui, incrementándose dramáticamente la violación de los derechos humanos. Sin pudor realizaron asesinatos, desapariciones, desplazamientos, amenazas, extorsiones y secuestros, acusando a los campesinos y las campesinas de tener conexión con los insurgentes. Se puso en evidencia los nexos estrechos entre los paramilitares con el ejército y la policía, indica el documento.
Según el documento, el 8 de diciembre de 2008, fue desaparecido y posteriormente brutalmente asesinado, el compañero Joel Pérez, defensor de derechos humanos y fundador de la corporación “Caguán Vive”, crimen que compromete a unidades militares pertenecientes al batallón Cazadores de San Vicente y que permanece en la más absoluta impunidad.
Después de 2003, una vez terminan los diálogos de paz y la zona de distensión, se desarrollan gigantescos operativos militares en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Montañita, Unión Penella, etc, la fiscalía general de la nación ordena detenciones masivas y son injustamente encarcelados dirigentes comunales y defensores de derechos humanos, casos emblemáticos: Víctor Rodrigo Oime y Rafael Orjuela.
El 23 de febrero de 2.011, es amenazada de muerte la directiva de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Campesinas, Sindicales, Indígenas de Derechos Humanos, COORDOSSAC, mediante panfleto que hace llegar las BACRIM águilas negras. Quedan en la mira de los criminales que se mueven como Pedro por su casa en medio de la cruda militarización, entre otros: Arlex Gómez, Octavio Collazos, Rosmery Londoño, Eduardo Franco Jojoa, Luz Mila Beltrán, Héctor José Valencia, Yolanda Fajardo, Jorge Londoño y Yesid Doncel.
Dicho panfleto lleva la firma de alias Paquita y el Costeño, reconocidos comandantes paramilitares pertenecientes al bloque sur de Andaqui, sometidos al burdo embeleco de la impunidad que significa la ley de justicia y paz. Pero como si esto fuera poco, en febrero de 2008, en informe de inteligencia militar de la brigada móvil No 22 con sede en Peñas Coloradas, varios de los amenazados son señalados de hacer parte de la estructura de las FARC.
Las víctimas de esta vil sindicación elevaron quejas ante la fiscalía general de la nación, la defensoría general del pueblo y el ministerio del interior, solicitando medidas de seguridad y exigiendo justicia por tan grave sindicación pero hasta el momento no han obtenido una sola respuesta, todo se encuentra en la maraña de la tramitología, la peste del olvido y la impunidad. Por el contrario, las acusaciones y la estigmatización, continúan, según el documento, con “toma de fotografías en lugares públicos, presencia de personas en motos sin placas en los alrededores de la sede de COORDOSAAC”.
Los defensores de derechos humanos de Caquetá no cuentan con protección adecuada por parte del ministerio del interior, el comité permanente por la defensa de los derechos humanos ha solicitado a la comisión interamericana de la OEA medidas cautelares, pero tampoco se ha obtenida respuesta satisfactoria. Los militares siguen irresponsablemente estigmatizando a los líderes populares y de derechos humanos sin que medie autoridad que los ponga en su sitio. Según el documento, las organizaciones de derechos humanos de Caquetá más amenazadas son: CPDH, REINICIAR, la corporación Caguán Vive, ASODEMUHC e INDEPAZ.
El documento señala que en los últimos días se han producido nuevas redadas y compañeros de INDEPAZ, CPDH, docentes y dirigentes campesinos se encuentran presos en cárceles de Bogotá, sindicados infamemente de tener nexos con la guerrilla. Entre otros: Omar Alberto Alfonso, profesor director Santana Ramos; Camilo Escudero, estudiante de derecho de la universidad de la Amazonia; Omar Marín, médico veterinario; Darío Sierra, dirigente campesino, corregimiento La Aguililla.
El terrorismo de Estado se incrementa cada vez más en esta región como en todo el país, mientras tanto el presidente la república, Juan Manuel Santos Calderón, vende la idea de que aquí se respetan los derechos humanos y monta leyes con nombres sugestivos como “Ley de justicia y paz”, cuando en realidad es más correcto decir: “Ley de Injusticia e Impunidad”.
Tomado: tercera información
