Hernando Lòpez
Las ONG denunciaban la violación de los derechos fundamentales por parte de agentes estatales o que eran consideradas críticas o desafectas del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
La actividad ilícita era financiada con dineros del presupuesto del DAS, con aportes de la cooperación internacional y con dineros de colombianos en el exterior. Contaba con núcleos muy activos y según se deriva de la investigación de la Fiscalía y de los archivos con confiscados en la sede del organismos de inteligencia que depende de la Presidencia de la República, personalidades muy importantes de la derecha colombiana y cercanos al uribismo colaboraron de manera decidida en esta actividad ilegal y entre ellos se nombra al ex viceministro del Interior y de Justicia, Rafael Nieto Loaiza.
EL OBJETIVO ERA DESPRESTIGIAR a las ONG a través de las redes sociales, suplantarlas o hacer campañas de desinformación y alteración de sus actividades. Para ello contaban con las páginas web Corporación Verdad y Justicia y el Servicio Colombiano de Información y Estadística para la prevención del conflicto. También crearon el Colectivo de Abogados Simón Bolívar, supuestamente con sede en Costa Rica. El interés social de este colectivo era la defensa de “Los intereses del Estado Colombiano frente a la amenazas que representa la manipulación de la Corte Interamericana de Derechos humanos, con sede en Costa Rica y la CIDH con sede en Washington por parte de organizaciones no gubernamentales de fachada de grupos al margen de la ley”.
Al tiempo que emprendían acciones de desprestigio contra el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, la Más sobre las “chuzadas” del DAS “Operación Internet” Comisión Colombiana de Juristas o el Comité Permanente por la Defensa de los derechos Humanos, la emprendían, de la misma forma, contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
“El peor enemigo de la Operación Internet eran los derechos humanos”, dice una fuente del CTI. Y reconoce, sin ambages, que la actividad ilegal era reportada o por lo menos orientada desde la Dirección del DAS y la Casa de Nariño (casa presidencial en Bogota).
CASI NADIE ESCAPÓ A LA LABOR PERVERSA de esta célula delincuencial al interior del DAS. Y el financiamiento, en parte, era con recursos de la cooperación internacional. La mayoría de las embajadas de Colombia en el exterior recogían información sobre personas y entidades que adelantaban la solidaridad con Colombia o que denunciaban los atropellos de los derechos humanos y ese material llegaba a manos de los encargados de la “Operación Internet”. Por esa razón, las directivas en política exterior de la cancillería y del Gobierno Nacional en la época, no eran ajenas a los siniestros objetivos de esta actividad ilícita, presentada como una manera de contrarrestar las críticas al Gobierno de Colombia y en razones de seguridad nacional.
Muchos colombianos, periodistas, políticos de oposición y ONG, fueron víctimas de este entramado criminal, porque a través de la red circularon groseros y calumniosos montajes para denigrar de las personas y de las organizaciones. Inclusive la Corporación Verdad y Justicia, hizo circular una carta en la que se rechaza el compromiso del Gobierno para pedir perdón a las víctimas por la masacre de La Rochela. No hubo límites en la actuación ilegal del DAS.
No dejan de conocerse la cantidad de actividades ilegales del DAS, conocidas con el nombre de “chuzadas”, pero que en verdad fueron actividades criminales, en conexión con la entonces llamada “Casa de Nari”. “Hacía allí se dirigen varias de las investigaciones”, señaló la fuente del CTI.
tomado: Tercerainformacion.es
