El saliente representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh), Christian Salazar, alertó sobre la existencia de una campaña de desprestigio contra organizaciones humanitarias para obstaculizar la implementación de la Ley de Víctimas del conflicto armado en ese país suramericano.
Durante una rueda de prensa, en la que anunció el fin de su periodo y el relevo al frente de la Oacnudh del que era su adjunto, Juan Carlos Monge, el funcionario dio su opinión sobre el debate abierto en Colombia a raíz de la denuncia de dos casos en los que supuestamente falsas víctimas se lucraron con reparaciones del Estado.
Hizo referencia así a la masacre de Mapiripán, perpetrada en 1997 por paramilitares y cuyas consecuencias en la cifra de víctimas es investigada de nuevo por el Estado, así como al supuesto falso desplazamiento denunciado por una fiscal de Cartagena en la finca Las Pavas, ubicada en el sur del departamento caribeño de Bolívar.
"Si hay falsas víctimas obviamente hay que sancionar, si alguien engaña al Estado, pero eso no puede llevar a lo que nosotros vemos con preocupación: Que hay toda una campaña que busca deslegitimar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos", manifestó Salazar.
Para Salazar, el uso político de esas incriminaciones, tiene como objetivo "poner palos en la rueda de la implementación de la Ley de Víctimas" y Restitución de Tierras.
Esta norma, firmada el pasado junio por el presidente Juan Manuel Santos en compañía del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reconoce a las víctimas y se compromete a resarcir a más de cuatro millones de afectados por el conflicto armado de casi medio siglo.
Su implementación es uno de los asuntos que más preocupan a Monge, según dijo el nuevo representante de la Oacnudh, por la protección física y legal de las víctimas reclamantes, todavía expuestas a los coletazos de la confrontación armada.
Además, a la Oficina le inquieta la violencia proveniente de grupos surgidos tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de la que varios miles de miembros, a pesar de haber entregado las armas entre 2003 y 2006, se reintegraron en las llamadas bandas criminales.
Salazar recordó también que las campañas de deslegitimación por parte de organismos estatales colombianos no es algo nuevo, al citar el escándalo de escuchas y seguimientos ilegales que hizo el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la agencia estatal de inteligencia liquidada hace un mes el Gobierno colombiano.
Después de tres años en Colombia, Salazar se incorporará en la sede neoyorquina de la ONU como director adjunto de la Dirección de Programas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Tomado: TeleSurtv.net
