La investigación lanzada en 2008 sobre el programa de la CIA para la detención e interrogatorio de militantes detenidos en el marco de la campaña del Gobierno estadounidense contra el “terrorismo internacional” ha sido cerrada sin que se hayan presentado cargos criminales contra ninguno de los implicados, según ha informado el jueves el Departamento de Justicia estadounidense.
Los interrogadores utilizaban técnicas como el waterboarding, conocido también como ahogamiento simulado, considerado por el Derecho Internacional como un acto de tortura.
Con el cierre de la investigación de dos muertes en Afganistán e Iraq, la justicia pone fin a su examen del trato que recibieron 101 detenidos bajo custodia de Estados Unidos. El fiscal general estadounidense, Eric Holder, ha dicho que la investigación “se ha limitado a determinar si los crímenes fueron cometidos y no resuelve otras cuestiones relacionadas con las conductas examinadas”.
Aunque el Departamento de Justicia nunca desveló los nombres de los fallecidos, diversas informaciones indican que se trata de Gul Rahman y Manadel al-Jamadi, según la BBC.
Gul Rahman murió en noviembre de 2002 en una prisión de la CIA en Afganistán conocida como Salt Pit después de permanecer encadenado a una pared. Manadel al-Jamadi murió en 2003 en la prisión de Abu Ghraib de Iraq y un examen militar post-mortem afirmó que se trató de un homicidio.
En un comunicado Holder afirmó que el Departamento de Justicia no presentó cargos contra los implicados porque la evidencia no sería suficiente para obtener y sostener una condena “más allá de la duda rasonable”.
El director de la CIA, David Petraeus, ha enviado un mensaje a los empleados de la agencia para anunciar el cierre del caso y para agradecerles su cooperación en la investigación.
La central de inteligencia estadounidense ha celebrado la decisión, ya que desde el inicio ha sostenido que el programa, que se inició tras los ataques del 11 de septiembre contra Washington y Nueva York, se implementó bajo las normas comunicadas por abogados del Gobierno del expresidente George W. Bush.
Activistas pro derechos humanos, sin embargo, han criticado la decisión. “El anuncio de Holder es decepcionante. Está bien documentado que las torturas y los abusos fueron generalizados y sistemáticos tras el 11-S. Los casos merecían ser tomados más en serio”, ha dicho Melina Milazzo, miembro de Human Rights First.
En un principio, la investigación contemplaba la presunta destrucción de cintas de vídeos sobre dos interrogatorios llevados a cabo por el personal de la CIA. Sin embargo, hace tres años, Holder expandió la investigación para abarcar el interrogatorio de 101 presuntos militantes.
La investigación sobre las cintas fue cerrada en 2010 sin que se presentaran cargos. En junio de 2011, el Departamento de Justicia anunció que solo dos de las 101 detenciones e interrogaciones serían revisadas y expandidas a una investigación criminal a toda regla. Sin embargo, ambas se han cerrado sin ningún acusado.
Tomado: tercerainformacion.es