El delegado de la ONU en Colombia, Todd Howland, afirmó que la presencia y participación de Simón Trinidad en las mesas de diálogo gobierno- guerrilla estaría condicionada por conceptos jurídicos de la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En declaraciones reseñadas hoy por medios de prensa, dijo que ello obedece a que Trinidad es acusado por delitos de lesa humanidad y su juridiscción podría ser solicitada por esos organismos.
"Está la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia, varios países que intervienen también cuando hay violaciones de derechos humanos, ellos van tomar jurisdicción y esto complica un poco estos procesos", precisó Towland.
Por su parte, el Fiscal General de la República, Eduardo Montealegre, consideró que el extraditado a Estados Unidos, uno de los líderes históricos de la guerrilla, podría participar -mediante una teleconferencia- en las negociaciones entre ambas partes, que comenzarán en octubre venidero en Oslo, capital de Noruega.
Una vez conocido el deseo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de incorporarlo a las negociaciones -como expresaron la semana última en la capital cubana-, el gobierno comenzó a explorar posibilidades, dijo Montealegre.
Jurídicamente, precisó, la participación virtual de Trinidad, no tiene ningún impedimento. "La ley no establece prohibición alguna respecto a personas que cumplan penas en el extranjero, quienes pueden participar en diálogos de este tipo a través de videoconferencias, medios de comunicación radiales o audiovisuales", señaló el funcionario.
Incluso en el acuerdo general para el fin del conflicto armado, suscrito por ambas partes, hay un inciso según el cual el presidente Juan Manuel Santos se compromete a garantizar la implementación tecnológica requerida para el transcurso de las conversaciones.
El único obstáculo sería, destacó Montealegre, que las FARC exigieran la presencia física de Trinidad en las mesas de diálogo, pues en su caso no regiría el levantamiento de la orden de captura, ya que cumple una pena de 60 años de cárcel en Estados Unidos, adonde fue extraditado en 2005 por secuestro de tres ciudadanos de ese país.
Tomado.Prensa Latina
