”¿Y si me matan?”, empiezan a preguntarse líderes de todo Colombia ante la creciente ola de homicidios a los promotores del Proceso de Paz en territorios apartados del país donde la presencia de grupos ilegales ha sido histórica por el abandono del Estado. La paz negociada en La Habana y firmada en Cartagena y Bogotá les prometió protección para el ejercicio de la política y la oposición, y también iniciar acciones para desarticular el paramilitarismo. Pero, a tres meses de la firma del acuerdo, los avances han sido escasos mientras el baño de sangre se amplía por cada rincón del país llegando incluso a las ciudades.
El pasado 2 de marzo, por primera vez las balas alcanzaron una lideresa social en una ciudad capital desde la firma del acuerdo de Paz. Ruth Alicia López fue asesinada de ocho impactos con silenciador en una comuna popular de Medellín. Víctima de la guerra en tres ocasiones anteriores –desplazada de su natal Urabá, amenazada por paramilitares y detenida sin justa causa por el Estado– esta vez encontró la muerte cuando visitaba a su hermano y madre también líderes en sus convulsionados barrios. Ese mismo día, en Bello, la ciudad vecina de Medellín, fue asesinado un líder de juntas comunales, y dos días más tarde llegó la noticia del homicidio de los hermanos José Antonio y Luz Ángela Anzola en la provincia del Meta, llanos orientales.
Desde el llamado DÍA D, cuando inicia la implementación del acuerdo de paz y fue pactado por gobierno y la guerrilla Farc como el 1º de diciembre, han sido asesinados 27 hombres y mujeres que realizaron pedagogía de paz en sus territorios y campaña para ganar el plebiscito que finalmente perdió por el mayoritario voto en las capitales.
Estas personas han sido sobrevivientes del fuego cruzado en sus territorios que se negaron a abandonar para continuar defendiendo sus derechos en los campos, y estaban cumpliendo tareas de organizar las bases sociales en diversos lugares como Chocó, Cauca, Córdoba, Antioquia, Caquetá y Meta. Allí la aplicación de los acuerdos se está tornando difícil por los incumplimientos de gobierno y el avance de tropas paramilitares a los lugares que las Farc desocupó a inicios de año para concentrarse en las Zonas Veredales y Puntos de Normalización.
El panorama de homicidios preocupó a lo largo de 2016, cuando 80 defensores de la paz fueron asesinados en el país de acuerdo con datos consolidados por la ONG Somos Defensores; otros hablan de más de 100. Este año, apenas en dos meses y un poco más, estamos hablando de casi treinta. ¿Es este el comienzo de un nuevo genocidio como el ocurrido con la Unión Patriótica cuando 1500 militantes fueron asesinados? Es la pregunta desde que inició este Proceso de Paz y las muertes a líderes se dispararon.
La Defensoría del Pueblo habla de 500 homicidios a defensores desde 2015. Y, tras la muerte de Ruth Alicia y uno más en Antioquia, produjo una alerta con la siguiente cifras: 120 líderes fueron asesinados en 14 meses (entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017). Es decir, ocho líderes por mes, dos cada semana. “Para quienes apoyaron el Acuerdo de Paz logrado en La Habana e invitaron a respaldarlo en las urnas, su papel se convirtió en un verdadero problema”, reporta la Revista Generación Paz, que lanzó una campaña llamada ¿Y si me matan? basada en cartas e investigaciones para presionar las respuestas de las autoridades frente a la horrenda matanza. Pues el Ministro de Defensa y el Fiscal General de la Nación han dicho que dichos crímenes no son sistemáticos y que en Colombia no hay paramilitarismo. Las autoridades intentan explicar cada homicidio como situaciones personales, “crímenes pasionales” o venganzas por supuestas cuentas pendientes que, a juicio de los defensores de Derechos Humanos, intentan desviar la atención del verdadero problema: La paz le está costando la vida a los campesinos, afroamericanos e indígenas que se han atrevido a promoverla públicamente.
Además de los homicidios, la Defensoría del Pueblo reportó 33 atentados y 27 agresiones. Las amenazas en panfletos sigue creciendo también en lugares como Ituango, en Antioquia, donde hay una zona veredal de normalización y las tropas “paras” ya están en las diversas áreas rurales de Ituango, a la par que rodaron papeles amenazantes a líderes sociales, y una decena de familias tuvo que desplazarse. En Chocó, la situación también es preocupante así como en Córdoba y Cauca, donde se dan las mayores cifras de personas asesinadas en el marco de sus liderazgos y este proceso de paz.
José Yilmar, Alberto, Alicia, Emilsen, Fabián, Hernán, Erika, Ángela y otros son para el gobierno nacional apenas nombres en una lista de gente que perdió la vida como miles de colombianos al año. Las investigaciones por sus crímenes no han ni iniciado en muchos casos, y el gobierno no se pone de acuerdo sobre cómo deberá dar con el paradero de los asesinos. Cada caso está en la Fiscalía de su región y no hay unión ni una cabeza para estudiar los patrones nacionales. Santos ha pedido a esta institución que agudice el filo de sus investigadores, pero aclarando que no tiene competencia para darle órdenes a la rama judicial. Entre tanto Policía y Ejército también siguen en silencio. Y la gente levantando la voz al mundo para pedir que salven a la vida de los líderes sociales que son, a la larga, la garantía de una paz verdadera para el país.
Tomado: Pagina/12
