Las intimidaciones a nombre de “Los Urabeños” continúan. Esta vez se conoció del caso de una amenaza que fue recibida a través de un mensaje al celular de Juan Carlos Quintero, integrante de Marcha Patriótica, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) y de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), quien junto con varios líderes sociales más, son declarados objetivo militar.
La denuncia fue dada a conocer por la Juventud Rebelde Colombia a través de un comunicado, en el que aseguran que dicha amenaza incluye otros nombres como el de Guillermo Quintero, secretario político de la Juventud Rebelde Norte de Santander, Junior Maldonado secretario de relaciones internacionales de dicha organización, Olmer Pérez y Jonny Abril de ASCAMCAT, así como Judith Maldonado integrante de Voces de Paz
En el mensaje se asegura que estas personas son “guerrilleros comunistas que pretenden a través del proceso de paz afianzarse en Norte de Santander y posesionarse como fuerza en Cúcuta y la frontera”. Además los acusan de ser integrantes de las FARC.
Para Juan Carlos Quintero, una de las personas que fue amenazada, este hecho se suma a varios que han ocurrido en los últimos meses en Catatumbo “uno tiene que ver con la denuncia misma que hemos hecho de la presencia de estos grupos y la otra tiene que ver con toda una estrategia de ataques mediáticos, de desprestigio y señalamientos de parte de algunos medios”.
Contrario a la negativa del Gobierno nacional frente a la existencia de los grupos paramilitares, la región del Catatumbo ha sido una de las más afectadas por estos grupos armados desde finales del 2000 y en la actualidad vive las consecuencias de los rezagos.
“Mientras no haya un reconocimiento de que existe este fenómeno como una política de Estado y no se cumpla lo acordado en La Habana, va a ser muy complicado que se pueda hacer un real combate a estas estructuras” recalca Quintero.
Según lo cuenta Quintero, la respuesta estatal hasta el momento ante la difícil realidad que vive el departamento de Norte de Santander y en especial el Catatumbo ha sido militarizar la zona, sin embargo, para el dirigente, esto no redunda en una reducción de la violencia o del riesgo para la población.
“Hay una modalidad de limpieza social por ejemplo en el municipio de Tibú y recordemos que en Tibú está ubicada la Zona Veredal y no hay que olvidar que se acordó un cese al fuego y de hostilidades que incluyen a la población civil (…) y en lo que va de corrido del año solo el fin de semana pasado hubo una masacre de 6 personas y las autoridades no dan razón de los responsables”
Ante estas situaciones, las organizaciones que son víctimas de amenazas han solicitado que el Gobierno implemente ya el punto sobre desmantelamiento de estructuras paramilitares, y que se inicie una ruta para comenzar a implementar el pacto político de la no utilización de las armas en la política.
Además, han solicitado sean activados de manera ágil los mecanismos de protección acordados para las comunidades, las organizaciones y los defensores de DDHH.
“A esta situación hay que buscar responsables que son los funcionarios públicos que han hecho señalamientos irresponsables en contra de ASCAMCAT. Los medios de comunicación que no están informando para la paz y están haciendo señalamientos muy graves” concluyó Quintero.
Tomado: tercerainformacion
