Según la documentación, las autoridades civiles chilenas coordinaron durante años acciones con la policía secreta, ordenaron seguir o pidieron información sobre opositores, periodistas, sacerdotes, académicos y diplomáticos.
El Ejecutivo chileno anunció ayer que entregará a la Justicia archivos secretos de la dictadura pinochetista, revelados el jueves, que muestran una estrecha colaboración de ex funcionarios civiles con el régimen militar para coordinar acciones contra opositores, documentos en el que aparecen involucrados legisladores oficialistas. Los archivos incluyen planes, memorandos, circulares y coordinaciones de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores y textos emitidos por varios organismos de Defensa en el período 1978-1989, entre otros papeles.“Voy a hacer todas las indagaciones respecto de la eventual existencia de estos archivos, y si existen, obviamente que los voy a entregar”, aseguró ayer el ministro de Defensa, Andrés Allamand, sobre miles de documentos escaneados y contenidos en tres CD. Según la documentación, las autoridades civiles coordinaron durante años acciones con la policía secreta, ordenaron seguir o pidieron información sobre opositores, periodistas, sacerdotes, académicos y diplomáticos, acciones que se realizaron dentro y fuera de Chile, incluyendo tres atentados explosivos en Italia, la Argentina y Estados Unidos.Algunos de esos documentos revelan que el actual jefe del bloque del oficialista Renovación Nacional, Alberto Cardemil, envió a las autoridades castrenses “antecedentes completos” de los funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, órgano de la Iglesia Católica que asistía a víctimas de la represión. Como viceministro del Interior hasta su salida del poder, el 11 de marzo de 1990, Cardemil también estuvo a cargo de informar qué chilenos podían volver al país y cuáles debían permanecer en el exilio.Las acciones coordinadas entre los ministerios y el aparato represivo, encabezado por la policía secreta pinochetista, tuvieron también un blanco sistemático sobre los periodistas, según se desprende de los documentos.
En un único memorando secreto del 2 de noviembre de 1976 aparecen para ser seguidos y vigilados los nombres de 761 corresponsales de medios de Japón, Alemania, Estados Unidos, Holanda, Argentina, Brasil e Israel. Allí están enlistados periodistas de las agencias de noticias France Press, ANSA, Reuters, AP y EFE; de las teleemisoras británica BBC y las alemanas Westdeutscher Rundfunk y TVZDF; de los semanarios Stern y The Economist y de los diarios Le Monde, The New York Times y Frankfurter Allgemeine Zeitung, entre otros. Las embajadas chilenas remitían copias periódicas de artículos, columnas o reportajes sobre Chile y, en especial, sobre las violaciones a los derechos humanos, y de las transcripciones palabra por palabra de programas de radio o televisión.
Uno de los ejemplos del control sobre la prensa extranjera es el oficio secreto que remitió en 1975 el entonces secretario general de Gobierno, general Hernán Mejares, al canciller, vicealmirante Patricio Carvajal, sobre la conveniencia o no de autorizar el ingreso de periodistas de las cadenas estadounidenses CBS y NBC. En 1986, marcado por los paros en el país, además de un frustrado atentado contra Pinochet por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la Cancillería pide elevar la cooperación y propone crear un grupo de trabajo con la policía secreta y los ministerios del Interior, Agricultura, Gobierno, Presidencia, Salud y Hacienda. El objetivo era contrarrestar las informaciones y denuncias que circulaban en Naciones Unidas, en medio de un clima adverso en la prensa, e investigar a todo el que hablara contra el régimen en los medios extranjeros, como ocurrió con el escritor Ariel Dorfman, exiliado en Francia y también en Estados Unidos.
El contenido de los archivos revelados no sorprendió a algunas personalidades del área de Defensa de Derechos Humanos, como el abogado Roberto Garretón, ex jefe del área jurídica de la Vicaría de la Solidaridad, quien resaltó que todos los integrantes del organismo sabían que eran espiados y que la información pasaba por el hoy diputado Cardemil. “Cardemil es la evidencia de lo que hemos señalado acerca de cómo a través de componendas políticas se dejó en la impunidad a los civiles que fueron parte del aparato de la dictadura”, señaló la presidenta de Agrupación de Familiares de Detenidos Desa-parecidos, Lorena Pizarro. “La participación de civiles como el diputado de Gobierno, Alberto Cardemil, pero también el senador Jovino Novoa y otra serie de sujetos que ejercieron distintos cargos en democracia” también quedó en evidencia, añadió. “Es necesario una acción judicial que los imposibilite del ejercicio de cargos públicos”, exigió Pizarro.
El diputado de Izquierda Ciudadana Sergio Aguiló, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirmó que muchos de estos antecedentes se conocían y calificó de insólito que personas involucradas en los documentos sean hoy legisladores. El diputado del opositor Partido Socialista, Carlos Montes, sobreviviente de las cárceles secretas, señaló que la información no le sorprende por cuanto la dictadura quería controlar todo el país. “Lo más novedoso es que se involucre a Cardemil. Yo espero que él clarifique la situación, aunque dijo que no se acuerda y que no es cierto”, afirmó el diputado. Aguiló señaló que “no hay que olvidarse de lo que fue la dictadura de Pinochet. Hasta ahora no he visto a ninguno de los civiles retractarse de lo ocurrido. No sólo hay amnesia, sino hipocresía”, enfatizó, y apuntó que esperaba como mínimo que dijeran que “se arrepienten de lo que hicieron”.
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