El
conflicto que se vive en Colombia por más de medio siglo, parece que se
presentara en una sola dirección, la oficial, la que presenta el gobierno y los
medios de información, desde allí se ha construido una cultura que toma parte
activa sobre los hechos, buena parte desconocidos para la mayoría que habitan
en las ciudades y que sólo conocen una cara del conflicto.
Los
medios se han encargado de ilustrar el conflicto magnificando las acciones de
la insurgencia y justificando las acciones militares o minimizando los actos de
barbarie cometidos por los escuadrones paramilitares. Estos son justificados
como acciones legítimas del Estado. Aunque, tenga los mismos o mayores efectos
en la población víctima, de unos o de otros.
La
defensa de la legitimidad del Estado por parte de la fuerza pública no puede
ser una patente de corso, y no puede legitimar las violaciones a los derechos
humanos o los excesos de fuerza, con el argumento de buscar la paz, esto es más
bien el combustible que necesita el conflicto para seguir encendido y de esto
conocen bien los militares, los medios y los gremios. Cuando manipulan la opinión pública con información que carece
de rigor periodístico, la forma como se presentan las noticias, las opiniones y
los comentarios que desinforma. Parecen
olvidar que el conflicto armado tiene dos caras, si se conociera con veracidad
la realidad de los hechos, posiblemente la mayoría de la población sería más
objetiva, tratando de conocer y apoyar o
no, determinado proceso.
De
allí la importancia de conocer cuáles son las dimensiones que se tienen del
conflicto, pues mientras en la Habana se está hablando de paz, en Colombia
continúan las confrontaciones armadas bombardeos por parte del ejército y
ataques armados por parte de los insurgentes. A su vez, el presidente y el
ministro de defensa (guerra), a diario comunican sobre la ofensiva militar que
mantienen a lo largo del país, dando victoriosos partes de guerra, entre risas,
sobre cuántos insurgentes cayeron aplastados por las bombas.
Contrario
ocurre cuando se trata de las acciones propias del conflicto por parte de las
FARC, estas son magnificadas y según algunos que se precian de conocer el
conflicto ponen en riesgo las negociaciones. El gobierno ha afirmado que no
decretará un cese al fuego, de allí se entiende que se acepta, que el conflicto
armado siga su curso. Como ocurrió con la muerte de Alfonso Cano, momento en el
cual existían acercamientos con el gobierno, que tiempo después acepto haber ordenado su
muerte, como si en el ordenamiento constitucional existiera la pena de muerte.
El
gobierno en cabeza de su ministro ha afirmado que las FARC se comprometan a no
secuestrar ni hacer actos de terrorismo, la otra cara del conflicto podría
alegar lo mismo, y estarían en igual condición. Siempre con la amenaza latente
de levantarse de la mesa, como si la paz
fuera un capricho de unos y no la necesidad imperante de una nación.
Entendiendo, por supuesto, que la paz representa un desafío para los sectores
que se han lucrado con la guerra y para quienes no han conocido más que los
rigores de la guerra.
Habana-Bogotá
Bogotá-Habana
Mientras
en la Habana se encuentra una delegación del gobierno con una delegación de las
FARC, en nuevos diálogos de paz, en
Bogotá y en cabeza del ministro de defensa y agricultura, la guerra sigue su
curso, no solo con la intensificación de los combates, sino la adquisición de
nuevos armamentos de punta, lo que sugiere la continuidad, pues no se explicaría
que Colombia el segundo país más desigual del mundo siga invirtiendo en la
guerra, mientras carece de políticas sociales, que son las que finalmente van a
determinar el fin del conflicto.
Por otro
lado, la negativa del gobierno a transformar el agro, su mayor apuesta sobre
este tema ha sido la ley de restitución, que vale decir, no ha empezado a
operar y los campesinos ya enfrentan otra violencia con el asesinato de sus líderes,
el desplazamientos por parte de los que se han hecho llamar ejército anti-restitución,
que no son otros sino los mismos que han hecho de la guerra y la tierra un
negocio, (políticos, empresarios, paramilitares, narcotraficantes,
multinacionales) todos con un mismo propósito
impedir que los campesinos recuperen sus tierras y el agro vuelva a la
producción de alimentos.
En
este mismo lugar se encuentran los guerreristas que han hecho del conflicto
armado un negocio rentable no solo en la permanencia en el poder sino en el
negocio de la guerra, con ello han mantenido sometido al país justificando su
falta de políticas sociales, en los peligros de la inseguridad, el desorden y
la subversión como ejes a los que hay que combatir a través de las armas.
Esto
con el fin de impulsar un desarrollo económico de capitales individuales y
extranjeros sobre la base de profundas
inequidades sociales, la guerra viene a ser la justificación final para
contener las fuerzas sociales que reclaman sus derechos y ser parte integral
del Estado.
