Las FARC-EP, expresan al pueblo colombiano su satisfacción profunda por haber llegado a este nuevo ciclo de conversaciones, el octavo, completando cien propuestas mínimas que sustentan nuestra visión de lo que debe ser el Desarrollo rural y agrario para la democratización y la paz con justicia social de Colombia.
Con Cuatro propuestas mínimas para la reforma del estado e institucionalidad democrática y participativa cerramos en el día de hoy este compendio, que ha sido construido plasmando en él las iniciativas más sentidas de las organizaciones populares que han participado del proceso, hemos procurado sentar las bases para la dignificación de las comunidades rurales, quizás las más marginadas, maltratadas y victimizadas por las políticas económicas y de guerra del Estado colombiano.
Asuntos de tanta trascendencia pero jamás tenidos en cuenta por las élites en el poder, como lo de normar la actividad laboral de los campesinos mediante contratos de trabajo decentes que garanticen salarios justos y vacaciones, o la seguridad social nunca vista para estos sectores de la población que tanto le sirven a la patria sin mayor reconocimiento ciudadano, han sido colocados al lado de planteamientos urgentes de restitución, formalización y redistribución de la tierra para los hombres y mujeres que la anhelan, la trabajan y la resguardan con amor, a pesar del despojo que durante décadas han sufrido por cuenta de los latifundistas.
Justa y objetivamente debemos decir que solamente con cambios estructurales en la tenencia y uso de la tierra, es decir, con una reforma agraria profunda que acabe con el latifundio, delimite la propiedad, frene la extranjerización de la tierra y devuelva la soberanía al pueblo, se podrán establecer los cimientos para una paz estable y duradera. El camino para alcanzar estos propósitos es largo y difícil, pero nuestra determinación es la de luchar hombro a hombro con nuestros compatriotas para alcanzar la meta.
Reforma del Estado e institucionalidad democrática y participativa
1. Reforma y reestructuración del Estado. Las políticas y medidas aquí formuladas (Cien propuestas), sólo serán posibles si se emprende un proceso de reforma y reestructuración del Estado que garantice contenidos y diseños de política pública en función de los intereses de la sociedad, en general, y de la población del campo en particular. Ello implica, desneoliberalizar y desprivatizar el Estado para ponerlo al servicio de la soberanía nacional y de la transformación democrática y del desarrollo del campo; recuperar su capacidad de liderazgo; y promover su acción planificada. Además de su función productiva y de provisión de infraestructura, se requiere un Estado profundamente comprometido con la superación de la desigualdad y la pobreza y el buen vivir de la población.
2. Institucionalidad para la transformación democrática del campo. Se requiere la conformación y el fortalecimiento de una nueva institucionalidad estatal democrática y participativa en capacidad de dar respuesta a los requerimientos de la política de desarrollo rural y agrario integral para la democratización y la paz con justicia social, aquí formulada. Tal institucionalidad, además de posibilitar la participación activa de las comunidades rurales y de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes en el diseño y la ejecución de la política pública para el campo, debe reconocer la capacidad de autogobierno y autogestión de estas comunidades y organizaciones, lo cual implica un nuevo tipo de relacionamiento entre el Estado y la comunidad organizada.
3. Nueva institucionalidad fiscal. En atención a que las transformaciones aquí propuestas, demandan la disposición extraordinaria de recursos del presupuesto durante un período de al menos diez años, mientras se generan y consolidan las condiciones para una paz estable y duradera, y a que existe actualmente una institucionalidad fiscal del nivel constitucional, que impone la sostenibilidad fiscal, y del nivel legal, que obliga a la regla fiscal, se hace necesario realizar las reformas que garanticen tal disposición de recursos, sin menoscabo de las condiciones de una macroeconomía razonable.
4. Asamblea Nacional Constituyente. Considerando que el conjunto de políticas y acciones aquí propuestas requieren un marco jurídico institucional adecuado, que las más importantes de ellas superan los diseños constitucionales actuales, y que una paz estable y duradera sólo es posible con la más amplia participación social y popular, se hace imperiosa la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, como mecanismo de refrendación y diseño definitivo de la nueva política de desarrollo rural y agrario integral para la democratización y la paz con justicia social.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Tomado: Agencia Prensa Rural
