La justicia chilena impuso numerosas condenadas a exagentes y personas vinculadas con la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en todos los casos por asesinatos y torturas de civiles.
La Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile sentenció a seis exagentes del Comando Conjunto por su responsabilidad en el secuestro calificado (desaparición) de Juan Quiñones Ibaceta en julio de 1976.
Miguel Estay, Manuel Muñoz Gamboa, Daniel Guimpert, César Palma Ramírez, Enrique Ruiz Bunger y Juan Saavedra Loyola, fueron sentenciados a 10 años de cárcel.
Los familiares de la víctima deberán recibir de manos del fisco una indemnización de 150 millones de pesos (alrededor de 228 mil dólares).
Juan Quiñones Ibaceta pertenecía a la Juventud del Partido Comunista y participó en actividades partidistas clandestinas durante la dictadura de Pinochet.
De acuerdo con los antecedentes en 1975 y 1976 se formó el Comando Conjunto, conformado por integrantes de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile, Carabineros, la Armada y civiles con el objetivo de perseguir, reprimir y desmantelar al Partido Comunista.
Según detalles del proceso, el 23 de julio de 1976, Quiñones Ibaceta quedó con un supuesto compañero apodado El Fanta, quien tenía que prestarle ayuda para salir del país, pero al llegar a la cita fue detenido y trasladado al cuartel de calle Dieciocho.
Desde esa fecha hasta el día de hoy se carecen de noticias de su real paradero, concluyó la sentencia.
De otro lado, la Corte Suprema de Chile además condenó a dos carabineros jubilados a penas de 10 años y un día de cárcel por el homicidio, en 1973, de Orlando Ponce Quezada.
Ponce Quezada era un adolescente de 15 años, asesinado por Patricio Montecinos Bustos y Mario Pizarro Cortés, autores del crimen el 13 de octubre de 1973 en la población Cerro Colorado, en el municipio santiaguino de Renca.
El adolescente se asomó a la puerta de su casa durante un allanamiento policial y luego fue detenido y llevado a un cuartel.
Dos horas después lo condujeron a un lugar despoblado, momento en el que el teniente Pizarro Cortés ordenó a los carabineros que lo acompañaban que le dispararan, aunque él mismo se acercó al cuerpo y lo remató con su arma.
En la parte civil, la Corte ordenó al Estado de Chile pagar una indemnización de 40 millones de pesos (61 mil dólares) a un hermano de la víctima.
La instancia judicial también dio a conocer la sentencia al militar retirado Carlos Blanco Plummer a cinco años y un día de cárcel por el homicidio en 1981 de Gumercindo Gutiérrez Contreras en la sureña localidad de Lautaro.
Blanco Plummer era un alférez conocido por amedrentar a los reclutas colocando su pistola en sus sienes, boca o cuello. En el caso de Gutiérrez, quien pasaba el servicio militar y estaba de guardia, recibió un disparo a mansalva.
Tomado: Prensa Latina
