La cifra de desaparecidos durante la actual gestión del presidente Enrique Peña Nieto iguala ya a todas las contabilizadas durante la administración de su antecesor Felipe Calderón, un síntoma de la creciente violencia en el país.
Calderón fue el mandatario lanzó en diciembre de 2006 la “guerra contra las bandas” y generó la actual espiral sangrienta que estremece al país.
Según Datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas difundidos por el sitio digital SinEmbargo, en los últimos tres años hubo 13.156 desapariciones, prácticamente las mismas que las registradas entre el 2007 y el 2012, cuando Felipe Calderón gobernaba.
Con base en esta tendencia, la curva de personas cuyo paradero se desconoce y que se vinculan con el crimen organizado podría superar sensiblemente a las de los años de Calderón.
Mientras tanto, cada día aparecen aquí y allá fosas clandestinas hacia las cuales brigadas de voluntarios y familiares se movilizan con la esperanza de tener alguna certeza sobre el destino de sus hijos, esposos o padres desaparecidos en este festival del horror que ha descolocado al país entero en la última década.
Armados con picos y palas, a los familiares no les ha quedado otra alternativa ante la inacción del gobierno para dar con sus familiares.
Los expertos estiman que aunque en otros ámbitos de la lucha contra el crimen, como los homicidios, las extorsiones o los secuestros hay algunos planes específicos, contra las desapariciones no se ha adoptado ninguna medida.
“El problema es que la política en estos temas se ha concentrado en tratar de contener y controlar las emergencias, y no en resolver nuestros problemas de fondo”, dijo el especialista Edgar Cortéz, citado por el portal.
Concretamente, se refería a la viceprocuraduría Especializada en Desaparición Forzada y a una iniciativa de ley que aún no se concreta.
“Pero todas son pequeñas acciones que no terminan de engarzarse en una gran estrategia”, indicó Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
El gobierno admite la existencia de unas 26.000 personas desaparecidas, que se suman a los 151.000 muertos y unos 280.000 desplazados que son resultado de estos años en los que el crimen organizado ha asolado vastos territorios del país, sembrando muerte y destrucción.
El ascenso de las desapariciones coincide con un crecimiento inquietante de los homicidios intencionales de un 40% en los últimos dos años, lo que devolvió al país a la etapa más oscura de la ola de violencia que cumple ya casi una década, según un informe dado a conocer el pasado 22 de julio.
El especialista Alejandro Hope indicó que “con estos números ya no se puede negar que la caída” en la curva criminal que se vivió entre 2011 y 2014 “se frenó y ya se revirtió en buena medida”.
El aumento de los asesinatos y las desapariciones podrían tener su explicación en “la fragmentación de los grupos criminales se ha venido acelerando” pues aunque ha habido un “éxito notable en el descabezamiento de algunas de las bandas, eso ha generado la emergencia de otras pequeñas”, según Hope.
El pasado fin de semana la prensa local reportó al menos 39 asesinatos en nueve estados, en especial en la convulsionada zona sur del país.
Entre estos casos sobresale el asesinato de 10 personas cuyos cadáveres calcinados fueron hallados en la frontera entre los estados sureños de Michoacán y Guanajuato, del cual fue acusado el alcalde de Alvaro Obregón, que días después fue detenido.
En las últimas dos semanas, además, fueron asesinados tres alcaldes en los estados sureños de Chiapas, Puebla y Guerrero.
Según las cifras oficiales, el 74% de los desaparecidos son hombres y el 26% mujeres y el 15% de ellos son jóvenes de entre 15 a 19 años.
Este rango corresponde por ejemplo al escandaloso caso de 43 estudiantes desaparecidos en la sureña ciudad de Iguala, estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, que provocó un gran impacto nacional e internacional.
Ansa
