Un nuevo escándalo de derechos humanos en México, el del caso Tanhuato, le ha costado el cargo al jefe de la Policía Federal.
La denuncia de que las fuerzas de seguridad ejecutaron de manera arbitraria a 22 personas en 2015 fue la chispa que detonó la salida de Enrique Galindo como titular de una institución cuya credibilidad ha visto afectada por varias de sus actuaciones.
Es la manera que el Ejecutivo tiene de “reivindicarse”, en unos momentos en los que la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto permanece en sus niveles más bajos y están faltos de “reconocimiento y legitimidad”, afirmó el martes el experto José Antonio Crespo.
Al anunciar este lunes la separación de Galindo de su cargo, “por instrucciones del presidente”, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, no quiso concretar el motivo de la salida del comisionado de la PF, aunque afirmó que esta ocurría “en el marco de los hechos recientes”.
La destitución se produce “con el objetivo de facilitar que las autoridades correspondientes lleven a cabo una investigación ágil y transparente”, lo que remitió, aun sin una referencia explícita, al reporte publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el operativo realizado en un rancho de Tanhuato, en el occidental estado de Michoacán, en mayo de 2015.
Ejecuciones arbitrarias
La CNDH reveló hace dos semanas que, en un operativo contra presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los agentes federales ejecutaron de manera arbitraria a 22 personas y otras cuatro más murieron por el “uso excesivo de la fuerza”.
Estas acusaciones, sumadas a las que el informe presentó sobre tortura, manipulación de evidencias y falsedad en las informaciones, “precipitó” la salida de Galindo, dado que es “lo menos” que el Gobierno puede hacer en estos momentos, defiende el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Pese a que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de la que depende la PF, aseguró que los policías actuaron “en legítima defensa” y que el uso de armas fue “necesario”, Tanhuato fue otro aspecto más a sumar en el listado de casos relacionados con los derechos humanos que se han vuelto incómodos para las autoridades, como Ayotzinapa o Tlatlaya.
“El daño para el Gobierno está hecho, pero mejor que haya alguien que pague las cuentas a que no haya nadie”, valoró Crespo sobre la salida de Galindo, quien será sustituido por Manelich Castilla Craviotto.
Dos meses de la matanza de Nochixtlán
El experto señaló que, si bien las informaciones sobre Tanhuato constituyen el escándalo más reciente, no hay que olvidar lo ocurrido el 19 de junio en Nochixtlán, en el sureño estado de Oaxaca, donde un operativo para dispersar un bloqueo magisterial acabó con al menos ocho muertos y centenares de heridos.
En estos hechos violentos, la Policía Federal “perdió la credibilidad, porque habían dicho que los agentes no llevaban armas y había vídeos de que sí”, abundó Crespo. Aunque en un principio la CNS emitió en un comunicado asegurando que los agentes federales estaban “desarmados” y que las imágenes publicadas que indicaban lo contrario eran “totalmente falsas”, Galindo acabó reconociendo que los policías sí portaban armas, pero “solo al final” del operativo.
Las incógnitas que todavía permanecen alrededor de este caso demuestran que, tras “mucho tiempo”, la cuestión “no se aclaró bien”, señala Crespo, quien enfatiza que la “falta de información, de aclaración”, acabó perjudicando al Ejecutivo. Incluso si no hubiera tenido responsabilidad y los agentes hubieran respondido a un ataque por parte de personas armadas, esta carencia de datos de cara a la opinión pública hace que quede “la imagen de que fue el Gobierno quien incurrió en represión”, valora el experto.
EFE
