Un nuevo escándalo sacude los entramados de la política y la sociedad estadounidense. Personalidades de la jet set del imperio, funcionarios públicos y altos cargos políticos, parecen estar involucrados –directa o indirectamente– en un delito de trata de personas, abusos sexuales contra menores de edad y prostitución.
Jeffrey Epstein, un multimillonario administrador de fondos de cobertura en Wall Street, acusado por abusos sexuales contra menores de edad entre 2001 y 2005, vuelve a ser noticia y su caso ha sido reabierto en Nueva York. En esa fecha, se estimó que Epstein había abusado de una docena de jovencitas entre los 13 y los 16 años; ahora se afirma que fueron más de un centenar.
Según registros del FBI, en 2006 el magnate fue imputado por cargos de prostitución en un tribunal de Florida y fue acusado de tráfico de niñas, pues al parecer, buscaba a menores «particularmente vulnerables» por su condición económica, en los barrios pobres de Nueva York o traídas desde Centroamérica, el Caribe y hasta del Medio Oriente, para fiestas sexuales en sus residencias en Manhattan, Nuevo México y el Caribe.
Las conexiones poderosas que tenía el inculpado en el sistema judicial estadounidense y las contribuciones generosas de dinero, lograron que la causa pasara del nivel federal al estatal en 2008 y cumpliera apenas 13 meses en el ala privada de la cárcel Condal de Palm Beach, con derecho a salidas controladas y acceso a privilegios increíbles para un reo de delitos sexuales, resultado de un acuerdo secreto al que llegaron sus abogados y el fiscal estatal de Miami, Alexander Acosta, quien fuera el secretario del Trabajo de la Administración Trump y que renunció al ser revelado su nombre en las investigaciones recientes.
El acuerdo secreto logrado por Epstein garantizó inmunidad «a cualquier potencial cómplice», que ninguno de sus amigos y allegados sufriese consecuencias y las víctimas no pudieran tener acceso a los documentos judiciales del caso. Acosta, quien supervisaba la agencia federal a cargo del cumplimiento de las leyes del trabajo, incluidas las relacionadas con el tráfico de personas, propuso al Departamento del Trabajo recortar para el año fiscal 2020, un 80 % del presupuesto a un programa dedicado a combatir el tráfico humano, el trabajo forzado y el infantil.
También el fiscal general, William Barr, fue consejero para Kirkand & Ellis, despacho de abogados que negoció el acuerdo. He ahí la doble moral del imperio, del mismo Gobierno que injustamente incluyó el 20 de junio pasado a Cuba en su espuria «lista negra» de países que no hacen lo suficiente para combatir la trata de personas.
El llamado «pequeño libro negro» de Jeffrey Epstein, un compendio minucioso de la red sexual de menores del multimillonario, involucra a personalidades como Bill Clinton, el expresidente que firmó la Ley Helms-Burton contra Cuba y por supuesto, a Donald Trump, quien expresó: «Epstein es un tipo estupendo (…), es bastante divertido andar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas jovencitas».
El actual inquilino de la Casa Blanca es amigo del acaudalado pedófilo, asistía a sus «fiestecitas», viajó varias veces en el jet privado del multimillonario, conocido como Lolita Express, y fue huésped de la isla Little Saint James, la Isla de las Orgías. ¿Llamará a declarar la fiscalía federal de Nueva York al Presidente estadounidense?
Medios locales de EE.UU. informaron que el FBI arrestó al multimillonario en el aeropuerto de Teterboro, Nueva Jersey, el 6 de julio cuando aterrizaba en su jet privado proveniente de París. Se dice que hay una investigación en marcha en territorio galo y que la fiscalía calificó de «extremadamente preocupantes» las fotos de sus víctimas, algunas completamente desnudas, halladas en las residencias del acusado.
No es de extrañar que estos escándalos afloren en un contexto electoral, conocemos cómo funciona el sistema, comienza una carrera donde todo vale y ahora el Partido Demócrata tiene la oportunidad de ponerle una buena zancadilla a Trump.
Tomado: Granma
