El Estado colombiano se fundamenta en la democracia como sistema político y es entendido como el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, sin embargo, esta democracia se explica por la tradición bipartidista (liberal-conservador) y es el resultado de pactos entre unas minorías que ejercer el poder en contra de los sectores populares, no existe un emprendimiento asumido como país, sino que por el contrario, el poder es asumido como forma de beneficio propio. De ahí surge la corrupción y el clientelismo, los jefes políticos compran los votos de sus electores, con el fin de permanecer en el poder, los recursos del Estado son utilizados para tal fin, el votante prefiere acceder a este modesto trueque, bien sabe que es a lo único que puede obtener del político y del Estado.
Esto ha originado un desgaste en las instituciones, convertidas en focos de corrupción a su vez son inoperantes y poco eficientes. Es decir, no representan al ciudadano del común sino que se convirtieron en entidades al servicio de los grupos de poder, es el caso más reciente el Agro Ingreso Seguro (AIS), el ministerio de agricultura beneficio a un grupo de empresarios con subsidios para el campo, destinado a los pequeños agricultores, el ministerio de salud, convirtió la salud en un negocio rentable para las entidades privadas, lo mismo con el ministerio de transporte. Como este, existen infinidad de ejemplos (becas de estudio, beneficios de impuestos, licencias de construcción, contratos otorgados sin licitación), los políticos se reparten el pastel de la burocracia de acuerdo a sus intereses, el que mejor pague comisión, convirtiéndose en carteles al igual que el de las drogas.
Sin olvidar, el manejo de los recursos de las drogas ilícitas, el narcotráfico ha penetrados todas las entidades del gobierno, con ello se ha fortalecido el clientelismo de los partidos políticos, se estima que más del 40% de congresistas han recibido ayudas para permanecer en cargos públicos, o hacen parte de grupos paramilitares, sin que los entes de control tomen medidas o exista una sanción ejemplar al partido político al cual pertenecen. Por el contrario quienes son judicializados mantienen el poder desde la cárcel, las penas que impone el Estado son irrisorias, sin contar con los beneficios al interior de las cárceles, verdaderos sitios de recreo y esparcimiento, o lo que es más cuestionable se les otorga la casa por cárcel. Aquí ni siquiera existe una sanción moral[i], pues, los políticos condenados siguen perteneciendo al partido.
Por otro lado, los entes de control como son las Cortes también han sido cuestionadas por los manejos que le han dado al tema de las pensiones, los magistrados han saltado la norma con el fin de pensionarse por encima de los topes impuestos por la ley[ii], sin contar los cuestionamientos a unos magistrados por vínculos con narcotraficantes[iii].
El paramilitarismo y la falsa desmovilización
En septiembre de 2007, el gobierno anuncio con gran despliegue por los medios de comunicación el fin del paramilitarismo, y el sometimiento a la justicia de más de 30 mil desmovilizados, con lo cual este capítulo de la historia quedaba cerrado. Al poco tiempo el gobierno envió a los EEUU a los principales cabecillas, desconociendo con ello que la justicia nacional está por encima de cualquier tratado internacional y en oposición de las organizaciones de derechos humanos que han buscado la verdad sobre los crímenes cometido por estos grupos. Para el gobierno, es más repudiable enviar coca a los EEUU, que masacrar, torturar y desparecer poblaciones enteras.
Pese a ello, estos grupos siguieron su accionar por toda la geografía nacional, reclutando, asesinado y manteniendo el poder en todos los entes nacionales, ahora operan con diferente nombres, pero continúan manteniendo sus estructuras criminales, ni siquiera se pueden considerar grupos emergentes, pues conservan las mismas estructuras de mando, zonas, manejan el negocio del narcotráfico y cometen toda clase de abusos contra la población civil. Estos grupos ahora se hacen llamar Bacrim y de allí se desprenden los Uribeños, las Águilas negras, los paisas, los machos entre otros. A este hecho, se le suma la falsa desmovilización de un frente guerrillero: Cacica Gaitana.
Al desconocer el gobierno la existencia del paramilitarismo como tal, se genera un vacio en la ley la cual impide que se les dé trato de organizaciones criminales, lo que evidencia falta de compromiso por parte del Estado para desmontar estas organizaciones, y deja ver que la política de Seguridad Democrática fue un fracaso que sirvió solamente para beneficiar los gobiernos de Uribe-Santos en detrimento de todos aquellos que han sido víctimas de estos grupos.
La reparación a las víctimas no se ha dado y aunque el gobierno Santos anuncio la ley de restitución de tierras, esta se ve obstaculizada por las mismas organizaciones criminales que no están dispuestas a entregar las tierras, además, las multinacionales han adquirido de forma fraudulenta muchas de estas tierras para su explotación y los terratenientes. Sin olvidar que el gobierno prevé solo 2 millones de hectáreas de un total de más de 6 millones que se estima fueron despojados los campesinos.
Frente a la poca claridad que se tiene sobre el tema y entendiendo que el mismo Estado legalizo las tierras, no se esperan mayores avances. Mientras persista el despojo de tierras, no se podrá avanzar hacia la paz. Un avance seria que el Estado iniciara un proceso de reforma agraria, la repartición equitativa de la tierra, con ello se impediría el asesinato de líderes que reclaman sus tierras y la falsa titulación. Pero sabemos que no es posible, pues los terratenientes, latifundistas y empresarios son quienes poseen el poder y no están dispuestos a entregar la tierra y para ello van a utilizar todos los mecanismos legales e ilegales, un ejemplo de lo que se puede esperar es el caso las pavas[iv].
El pago de recompensas
Como parte de la política de la seguridad democrática se crearon las “redes de informantes” que busca involucrar a todos los sectores sociales en la lucha en contra de la “delincuencia terrorista”. Esta política ha incitado al delito, pues en ella se contempla el pago por delación, rebaja de penas, pre acuerdos con la fiscalía, la exoneración de cargos a delincuentes hasta el cambio de identidad y nacionalidad.
Lo más preocupante es que estas redes de civiles sean supervisadas por los militares y son estos los que entregan las recompensas. En muchas ocasiones la televisión ha mostrado a militares entregando fajos de billetes a individuos enmascarados. Sin olvidar que el propio presidente Uribe salió entregando una de estas recompensas. Lo más cuestionable es que este dinero sea destinado a delincuentes y no a obras que beneficien a las comunidades.
Los alcances de esta política convierten al ciudadano en delincuente que actúa bajo el interés de obtener algún beneficio económico y no como es debido respaldando al Estado legítimamente constituido. Es decir, el Estado perdió sus fronteras y se unió a los criminales con el fin de acabar con las organizaciones guerrilleras. La información pasa a competir en el mercado, de ahí que el gobierno ofrezca y haya pagado sumas astronómicas por los comandantes de las FARC. Santos ha dicho que el crimen no paga, pero está demostrando lo contrario y estimulando el delito.
Los mal llamados falsos positivos
La fuerza pública se ha visto cuestionada por innumerables delitos (paramilitarismo, narcotráfico, corrupción, violación de los derechos humanos). Sin embargo, otra practica todavía más repudiable es la de sacar con engaños a jóvenes de barrios humildes de las ciudades para luego asesinarlos y presentarlos como dados de baja en combate, con el fin de obtener beneficios y ganar puntos en sus correspondientes hojas de vida.
Sobre los falsos positivos se conoce muy poco aunque se estima que son más de 3 mil jóvenes muertos bajo esta modalidad, son pocos los militares que hasta ahora han sido condenados y pagan sus condenas en guarniciones militares convertidas en sitios de recreo y negocio, de ahí pueden salir viajar y recibir sueldo[v]. Lo que evidencia una burla para las víctimas y el cumplimiento de la justicia.
El ejército como responsable directo no ha recibido una sanción, entendiendo que existe una línea de mando y se obedecen órdenes, de lo contrario no se estaría hablando de un ejército sino de una organización criminal. El gobierno ha mostrado como casos aislados, con el fin de no asumir su responsabilidad y más aun si tenemos en cuenta que el ministro de defensa es ahora el presidente.
Por otro lado, el gobierno ha emprendido una campaña para la desmovilización individual, ofreciendo amplios beneficios a cambio de delaciones y participación de los desmovilizados en otro tipo de actividades militares, en muchas ocasiones los desmovilizados patrullan zonas junto con el ejército y participan en combates. La pregunta que surge es ¿si dejar de pertenecer a un grupo armado no significa abandonar las armas y la guerra? ¿Qué es el regreso a casa?
En consecuencia, el Estado no se puede considerar legítimo cuando sus instituciones son cuestionadas, los servidores públicos son delincuentes y en nombre de la legitimidad se comenten toda clase de abusos contra los ciudadanos.
[i] El partido conservador pide permiso al inpec para celebrar la navidad. 15 de diciembre 2011. La solicitud la hizo el presidente del partido. http://www.kienyke.com/2011/12/15/banquete-conservador-en-la-picota/
[ii] El carrusel de los magistrados. http://www.semana.com/nacion/carrusel-magistrados/152133-3.aspx
