Con maniobras judiciales torcidas y perversas a las víctimas de los crímenes de paramilitares y militares, con mayor frecuencia, les está siendo negadas la justicia, la reparación y la protección sobre las bases que ellos son de hecho delincuentes más que víctimas de crímenes.
Las Pavas es uno de los ejemplos recientes de este fenómeno. No son los paramilitares quienes desplazaron a la comunidad, ni los cultivadores de aceite de palma Daabon y Aportes San Isidro que son responsables de la degradación ambiental y continua ocupación de la tierra de estas personas que ahora entran en una investigación judicial; por el contrario, son los mismos campesinos desposeídos y desplazados quienes están bajo investigación presuntamente por fabricar la historia de su desplazamiento, invadiendo y ocupando ilegalmente tierra que no es suya, mientras que su liderazgo esta también bajo investigación por ser, supuestamente, insurgentes de la guerrilla.
Al contrario a las víctimas, los victimarios de crímenes en Colombia siguen disfrutando de impunidad:
A pesar de la "Ley de Justicia y Paz" y su reciente versión "Ley de Victimas", la impunidad para los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, desplazamiento forzado y la apropiación de tierras de las comunidades indígenas, negras y campesinas continua.
El Presidente Santos esta ahora proponiendo otorgar la jurisdicción de las cortes militares para incluir las violaciones a los derechos humanos cometidos por los militares; en otras palabras, "poniendo el zorro a cargo del gallinero". Organizaciones de derechos Humanos, de víctimas de crímenes de estado, de personas desplazadas, líderes sindicales y otras más han exigido por largo tiempo poner fin a la impunidad y obtener las garantías para que estos hechos no se repitan en el futuro. El resultado es sin éxito: nuevas ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados y amenazas es decir la impunidad continúa y los responsables no se encuentran.
Cuando las víctimas de los crímenes no pueden ser silenciadas con facilidad por medio de amenazas o ejecuciones extrajudiciales, son simplemente re-definidas como Criminales:
Los intentos para silenciar a las víctimas que buscan justicia y restitución aquí en Colombia son manejadas; primariamente, por medio de intimidación, amenazas de muerte y ejecuciones extrajudiciales. Las victimas que se atreven a nombrar a los perpetuadores son, con frecuencia, asesinadas, sus familias y seres queridos son amenazados, mientras que los responsables de estos asesinatos y amenazas disfrutan la misma impunidad como quienes cometieron los crímenes originales. Estos, bien pueden estar al servicio de los autores intelectuales de los crímenes originales.
Pero en algunos casos, como el de Las Pavas, el perfil nacional e internacional de las victimas es simplemente muy alto para asesinarlo con impunidad - el escándalo podría ser contraproducente a los intereses de quienes desean silenciarlos. Es en tales casos, con frecuencia basados en los testimonios de paramilitares desmovilizados, que las víctimas son simplemente re-definidas y perseguidas como culpables. Re-definiendo víctimas de crímenes paramilitares y militares y sus aliados como criminales no solo asegura que la justicia, la reparación y la protección les será negada; puede también buscar debilitar su proceso. Estos, quienes con conocimiento continúan incidiendo por estas recién criminalizadas victimas deberían ser vistos como cómplices voluntarios, y por tanto esperar ser tratados como tales. Así los culpables continúan disfrutando de impunidad ante sus actos criminales, mientras que las víctimas reales y los que abogan por ellos en su petición de justicia y reparación son criminalizados.
Las Pavas no es el único ejemplo de esto. Recientemente aquí en Barrancabermeja dos líderes del sindicato de la embotelladora de Coca Cola, Sinaltrainal, William Mendoza y Juan Carlos Galvis, - lideres quienes recibieron protección por parte del estado debido a las amenazas en contra de sus vidas- están siendo investigados como delincuentes y no como víctimas de crímenes. Aquí en el Magdalena Medio, Teófilo Acuña, presidente de la Federación Agro Minera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), y numerosos líderes de la Asociación Campesina del Valle del rio Cimitarra (ACVC) han estado encarcelados por estar o colaborar presuntamente con la guerrilla. David Ravelo de la Corporación Regional para la Defensa de los derechos Humanos (Credhos) fue y continúa en prisión por la misma razón. Aunque ninguna de estas acusaciones falsas logró disolver las organizaciones a las cuales los líderes encarcelados pertenecen, estas han requerido que las organizaciones encuentren nuevo liderazgo y dediquen un tiempo precioso y recursos para defender a sus líderes falsamente acusados - tiempo y energía que de otra manera seria dedicado a defender los derechos humanos de otros.
El efecto en Las Pavas:
Aquellos quienes han estado siguiendo y abogando por la comunidad de Las Pavas sabrán que esta comunidad, que ha sido desplazada de su tierra tanto por paramilitares como por fuerzas de seguridad del Estado, continúan luchando para obtener reconocimiento formal y los títulos de propiedad de sus tierras. Como resultado de una orden de la Corte Constitucional, el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural - INCODER- le dio orden de revisar el caso de Las Pavas. Hasta ahora las tierras sigue sin títulos de propiedad para las personas de Las Pavas, quienes sin embargo, con el apoyo de sus aliados y sin autorización del Estado, han retornado a su tierra. El productor de aceite de palma, Aportes San Isidro, continúa ocupando la mayor parte de su territorio.
Estos nuevas acusaciones e investigaciones a la comunidad de Las Pavas cuestionan si la comunidad vivió en la tierra en primer lugar, así mismo ponen en duda si la comunidad fue algunas vez desplazada forzadamente de esa tierra por paramilitares - notables alegatos dado que el Estado mismo había reconocido y asistido a la comunidad después que fue desplazada! La Fiscal Especializada del departamento de Bolívar, con oficina en Cartagena - Miriam Martínez Palomino- acusa a la comunidad de haber fabricado toda la historia, y engañar a las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales de apoyar los reclamos de la comunidad. Estas acusaciones implican que el retorno no autorizado de la comunidad a su tierra fue una criminal invasión ilegal y ocupación de propiedad privada. Acusaciones adiciones alegan que varios de los líderes de la comunidad de Las pavas son o tienen conexiones con la guerrilla —una acusación igualmente absurda.
Para la comunidad de Las Pavas estas acusaciones fueron sorpresivas y alarmantes. Su primera respuesta fue dar a conocer a sus aliados nacionales e internacionales sobre este incoherente hecho. La comunidad se tranquilizo al saber que, no solo ninguno de sus aliados creía en estas afirmaciones; sino que todas las organizaciones —incluidos Equipos Cristianos de Acción por la Paz- reiteraron públicamente su intención de continuar en solidaridad con la comunidad en su lucha por justicia, restitución de sus tierras y por sus títulos de propiedad. Aun mas, ninguno de los aliados de Las Pavas retiro su apoyo como resultado de la afirmación de la Fiscal que habían sido engañados o usados por la comunidad, y, después de aprender la verdad, podrían presumiblemente retirar su apoyo antes que ser voluntariamente cómplices en una ocupación de tierra ilegal y fraudulenta.
Sin embargo, estos hechos han producido mucho estrés y requieren que los integrantes de la comunidad de Las Pavas reafirmen su estatus como víctimas de desplazamiento forzado. Sin ese reconocimiento, es poco probable que obtengan los títulos de sus tierras y protección para evitar un desplazamiento más.
La comunidad apelo a la Fiscal General de la Nación, Vivían Morales, quien visito a la comunidad. Muchos aliados de la comunidad así como medios de comunicación nacionales estuvieron presentes para cubrir el evento, eso sin mencionar los cientos de policías y personal militar que proveyeron seguridad a los visitantes oficiales. Allá, La Fiscal escucho el testimonio de la misma gente de Las Pavas - algo que la fiscal de Cartagena nunca se preocupo por hacer. La comunidad tiene esperanza que, después de haber iniciado su propia investigación y de escuchar los testimonios de varios miembros de la comunidad, afirme la condición de victimas de desplazamiento forzado de la comunidad, en lugar del estatus de invasores criminales y ocupantes de propiedad privada que la fiscal regional de Bolívar les acuso de ser.
La comunidad permanece en esperanza con cautela. Sin embargo, la experiencia le ha enseñado que no pueden sentarse en los laureles y esperar que el debido proceso les traiga justicia. Las Pavas y sus aliados, junto con otras organizaciones y victimas, hicieron una acción pública en la Plaza Simón Bolívar en Bogotá. Esta movilización requirió el transporte de 80 miembros de la comunidad de Las Pavas, y un número igual de personas de otras comunidades aliadas del sur de Bolívar, así como integrantes de organizaciones aliadas, fue un viaje de 24 horas para la mayoría de ellos-. Una vez en Bogotá, todos tenían que ser alimentados y hospedados por tres días Todo esto requirió, tiempo y esfuerzo así como una gran cantidad de recursos financieros, recursos que la comunidad de Las Pavas no tiene. Todo esto con el apoyo de sus aliados.
Ahora en lugar de continuar dedicando su tiempo y recursos para avanzar en su meta de obtener, títulos de propiedad y protección, tanto la comunidad como sus aliados deben dedicar tiempo valioso, energía y sus escasos recursos financieros en re-establecer el estatus de la comunidad como victima de desplazamiento forzado, no como la perpetuadora de fraude en una invasión legal de tierra como se afirmó laguna vez.
Conclusiones y observaciones:
El balance de poder en Colombia continúa a favor de estos quienes se benefician del crimen, de modo que mas que perseguir a los "supuestos" delincuentes de desplazamiento forzado con ejecuciones extrajudiciales y otros abusos de derechos humanos, las victimas están siendo criminalizadas. Los perpetradores disfrutan de impunidad. Las investigaciones judiciales que buscan desacreditar y criminalizar a las víctimas y sus aliados son vigorosamente llevadas a cabo, mientras que los perpetradores de los crímenes en contra de las víctimas son raramente traídos a la justicia. Parece que los procesos judiciales aquí en Colombia han sido corrompidos y mercantilizados. La justicia, lejos de ser ciega, sirve solo a la alta alcurnia del poder político.
Consecuentemente, la justicia para la comunidad de Las Pavas está lejos de ser obtenida, y la comunidad aun tiene mucha necesidad de ser apoyada por sus aliados. Equipos Cristianos de Acción por la Paz en Colombia es uno de los muchos aliados que permanecen comprometidos con la comunidad de Las Pavas. Esperamos que usted también!
Tomado:Agencia Prensa Rural
