Durante los ochos años del uribismo, el Estado colombiano se puso al servicio de una empresa criminal, empezando por la fraudulenta aprobación del acto legislativo que permitió la reelección de Uribe, sin que hasta el momento haya un fallo definitorio sobre quienes convirtieron el erario en empresa privada para el pago de gabelas (carrusel de las notarias), entre ellos están Sabas Pretelt de la Vega, ministro del Interior y otros parlamentarios que no han recibido una sanción.
Sobre este periodo nefasto para la institucionalidad colombiana, existen innumerables episodios empezando por las detenciones “preventivas” que llevaron a cientos de campesinos inocentes a ser judicializados y encarcelados acusados de ser guerrilleros, violándoles todos sus derechos. Los excesos de la Fuerza Pública contra poblaciones enteras, sin olvidar el asesinato de más de 3 mil jóvenes, los mal llamados por la prensa nacional como “falsos positivos”. Esto para el gobierno significaba la guerra frontal en contra de LAFAR y era entendido para la clase política como los resultados de la política de seguridad democrática.
La toma del Estado por los delincuentes se inicio con las elecciones fraudulentas para el Congreso en 2002, los parapolíticos accedieron al 35% de las currules, las cuales les sirvieron para establecer alianzas y asi apoderarse a nivel nacional del Congreso y a nivel local de gobernaciones, alcaldías, asambleas, consejos y las entidades públicas. Entre los pactos que se cuentan están: de Santa fe de Ralito, que pretendía refundar la patria, los del Chivolo o los de San Pedro Antioquia, sin olvidar la creación del Bloque capital.
Por otro lado, las entidades públicas como el desaparecido DAS, se pusieron al servicio de paramilitares y narcotraficantes quienes cometieron toda clase de delitos en contra de todo los que el gobierno considero eran sus enemigos políticos como abogados, periodistas, magistrados, políticos. La toma de la institucionalidad por los sectores mafiosos fue la clave para el desarrollo de la política nacional de Uribe, la cúpula del Estado quedo convertida en aparatos al servicio de la delincuencia que no escatimaron esfuerzos para quitar del camino a quienes consideraron un obstáculo.
La empresa criminal dirigida desde la casa de Nari, conto con asesores, jefes de prensa, Fiscalía, directores de DAS, ministros, congresistas, comisionados de paz. Que se unieron para desfraudar al Estado, y ponerlo al servicio de intereses propios. Los casos más conocidos son los de Jorge Noguera delincuente director del DAS, María del Pilar Hurtado y el caso que hoy nos ocupa Luis Carlos Restrepo, político que sirvió al gobierno de Uribe como comisionado de paz. Fue artífice del proceso de impunidad (ley de alternatividad penal), que trataron de imponer en el año 2003, cuya pena más severa era la prohibición de los paramilitares de acercarse a 300 metros de las víctimas y les otorgaba carácter político para una amnistía o indulto. Estos eran unos de los acuerdos a que habían llegado con el uribismo, de allí se desprendieron los pactos secretos que tuvieron como escenario la zona de Santa fe de Ralito.
Restrepo y Uribe se unieron en una empresa criminal que les sirvió para lograr la impunidad de miles de crímenes de lesa humanidad, para legalizar el despojo de más de 6.5 millones de hectáreas, para legalizar las fortunas de los narcotraficantes. El gobierno necesitaba resultados visibles para la opinión pública y de ahí se deriva las falsas desmovilizaciones como la del llamado Bloque Cacique Nutibara en Medellin, vale la pena señalar que sobre este caso la fiscalía no ha investigado y la del frente Cacica Gaitana que es la que tiene a Restrepo huyendo del país.
Resulta claro que Restrepo no hubiera podido huir del país, si el Estado no hubiera actuado de forma negligente, pues los casos que se imputan se cometieron en el año 2005, y pese a que debía presentarse ante la fiscalía salió del país, sin que los organismos de control advirtiera. Ahora junto con los buenos oficios de Uribe, busca asilo, en algún país que desprecie los derechos humanos, no dudamos que lo conseguirá. Solo esperamos que no ocurra lo mismo con el peor delincuente que ha visto nacer esta patria Álvaro Uribe Vélez.
