Desde el mes de enero sectores de transportadores y comerciantes, además de las comunidades organizadas en la Asociación de Afectados por la Hidroeléctrica El Quimbo (Asoquimbo), desarrollaron un paro cívico en el occidente del departamento del Huila mediante el cual exigieron la convocatoria inmediata de una audiencia pública ambiental, la suspensión de la licencia ambiental a las multinacionales Emgesa por su proyecto hidroeléctrico El Quimbo y Emerald Energy por la explotación petrolera en la región. Asimismo, reclamaron la construcción inmediata del puente Paso el Colegio y la reparación de las vías Yaguará-Íquira-Pacarní y La Plata–Garzón.
Desde entonces manifestantes y delegados del Ministerio del Medio Ambiente, alcaldes y la Gobernadora del Huila, Cielo Gonzáles Villa, han mantenido conversaciones en diversas mesas de diálogo. Sin embargo, la comunidad afectada explica que los diálogos terminaron debido a la falta de garantías de parte de las autoridades.
Según informa Miller Dussan (Asoquimbo), la organización opositora del proyecto hidroeléctrico que pretende desviar el río Magdalena dialogó el 13 de febrero con el viceministro de Interior, Juan Fernando Londoño, sobre la respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acerca de la convocatoria de una Audiencia Pública Ambiental para el proyecto El Quimbo. El viceministro informó que aún no había obtenido comunicación con ese despacho lo cual, según Dussan, hizo fracasar la mediación del Ministerio de Interior.
El 8 de febrero el ministro del Interior había comunicado a la delegación de Asoquimbo que no podía hacer nada frente a la orden de desalojo firmada por el alcalde de Paicol. Como respuesta al anuncio, Asoquimbo radicó en el Ministerio del Interior un amparo policivo contra Emgesa por la defensa de la soberanía sobre los ríos y la pesca artesanal, en el cual aclaraba que ese recurso ya había sido interpuesto incluso en la Alcaldía de Paicol sin obtener respuesta alguna. Asoquimbo ratificó que respetaría el debido proceso y se sometería al Estado Social de Derecho.
El desalojo
Tras el cierre del diálogo, la multinacional Emgesa mediante un amparo policivo otorgado por la Alcaldía de Paicol consiguió el desalojo de los pobladores que se encontraban a orillas del río Magdalena en la vereda Domingo Arias. Dicha diligencia judicial estaba dirigida a la zona conocida como La Dispensa, a pesar de que los manifestantes se encuentran en La Esperanza. Según Jennifer Chavarro, integrante de Asoquimbo, dicha diligencia va contra «personas inciertas e indeterminadas», violando el debido proceso y el derecho a la defensa.
Aunque la actitud de los manifestantes fue cogerse de las manos para abrazar el río Magdalena, la Fuerza Pública lanzaba gases lacrimógenos. Fruto de la acción policial tres personas fueron heridas y una de ellas con una lesión que según reporte del Hospital Universitario de Neiva perdió su ojo derecho. Igualmente, durante la diligencia se encontraban mujeres en estado de embarazo y adultos mayores que fueron violentados.
Reacciones
Según el ministro de Ambiente, Frank Pearl, en entrevista a Radio Nacional de Colombia del día 14 de febrero, los campesinos han incumplido a tres reuniones y mantuvieron las vías de hecho. Además, según Pearl, no encontraron irregularidades para retirar la licencia ambiental a la multinacional.
El general Segura, comandante de la Regional Dos de la Policía Nacional, ordenó la restricción del acceso al puente Paso el Colegio ubicado en el municipio de La Plata para impedir el ingreso a las personas y los vehículos que no fueran personal de la multinacional. La vía también fue cerrada para Elsa Ardila, representante legal de Asoquimbo, miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos, observadores internacionales y la prensa alternativa; el general Segura afirmó al diario La Nación que esto obedeció a un acordonamiento especial de seguridad que se realizaba en el área.
Miller Dussan, miembro de Asoquimbo, anunció que Asoquimbo instaurará una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al igual que la convocatoria a una movilización regional para seguir rechazando el proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
Los hermanos Vargas Lleras
Asoquimbo solicita que se clarifiquen las razones por las cuales el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, se declaró «impotente» ante decisiones y actuaciones de otras instancias que afectaron la integridad física de la población vulnerando derechos como la libertad de organización, de movilidad, de prensa y de acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, entre otros.
Miller Dussan sostiene que «la claridad obedece a que su hermano José Antonio Vargas Lleras es el presidente de CODENSA que agrupa los negocios de distribución y comercialización de energía eléctrica a cargo de la Empresa de Energía de Bogotá y Emgesa a quien el Gobierno colombiano le concesionó el proyecto hidroeléctrico El Quimbo».
Tomado: Notiagen
