Las comunidades campesinas les dan la bienvenida. El Estado celebra una “operación sin precedentes”. Los guerrilleros de base se sorprenden por la falta de vivienda en las zonas donde vivirán los próximos meses. Mientras los comandantes de las FARC reclaman ante el incumplimiento del gobierno en la adecuación de las 19 zonas veredales y 6 puntos de transición donde miles de rebeldes están reunidos -desde el fin de semana por completo- para dejar las armas y prepararse a su regreso a la vida civil.
Con la llegada de trescientos guerrilleros al poblado de La Montañita en la provincia de Caquetá, sur de Colombia, culminaron este sábado las últimas marchas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que, el año pasado, firmó un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Con lo que ocurrió en la apartada zona de Caquetá cierra el capítulo de la guerra entre Estado y guerrilla, uno que tardó más de medio siglo en lograr el silencio de los fusiles hoy agradecido en especial por la población civil.
Donde antes no podía cruzarse por la presencia de los guerrilleros fuertemente armados y las minas antipersonales, desde hace unas semanas campesinos y científicos se mueven libremente descubriendo un país oculto por décadas de fuego cruzado. Esta semana, por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia dio a conocer que en Caquetá se encontraron seis nuevas especies de mariposas.
Tras un afanado proceso de refrendación en el Congreso del nuevo acuerdo de paz a finales del año pasado, se expidió la Ley 1820 de Amnistía e Indulto. El 30 de diciembre, el parlamento colombiano aprobó las reglas del juego para que miles de guerrilleros sean ex carcelados en cumplimiento de lo acordado en La Habana y firmado en Bogotá. Sin embargo, ninguna de las solicitudes de amnistía presentadas entre enero y febrero fueron rechazadas o no han recibido respuesta. “A la fecha, no tenemos una sola amnistía aprobada”, le explica a este diario el abogado Julio Lacombe de la Corporación Nelson Mandela, uno de tantos colectivos de defensa de presos políticos que existe en Colombia y que se agrupa en la Coalición Larga Vida a las Mariposas.
Al respecto, la Fiscalía se pronunció la semana pasada asegurando que apenas había recibido 54 solicitudes en todo el país. Sergio Guzmán, integrante de La Coalición y ex integrante de la Unión Patriótica, le dijo a PáginaI12 que sumando todas las solicitudes del país se podría hablar de 700. El argumento de los jueces, en muchos casos, fue que no tenían la orden directa de sus superiores en la rama judicial para aprobar dichas amnistías. Otros han dicho que sencillamente desconocen cómo proceder ante tan inéditas solicitudes.
Con la concentración de todas la filas de las Farc en las zonas y puntos de normalización que en total suman 26 lugares en todo el país, el avance de la paz con las FARC parece despejarse. “Es histórico que FARC estén próximos a su desarme y reinserción”: dijo el presidente Santos felicitando además al equipo de generales, policías y funcionarios de alto gobierno que coordinaron la operación junto a los comandantes rebeldes, sumando en total unas 100 mil personas atrás de los últimos movimientos de esta guerrilla armada.
Los mandos medios como los comandantes de frentes en dichas zonas siguen manifestando su descontento pues, como el caso de Tumaco (Nariño, frontera con Ecuador) cientos de hombres y mujeres entre ellos embarazadas arribaron a un sitio abierto sin ninguna construcción. Es el caso de los demás puntos donde, si bien se avanzó en construcción de zonas comunes, no hay aún viviendas ni servicios públicos para los combatientes allí reunidos. “Paso trascendental de completar el agrupamiento de FARC. Otra Colombia nace, pese a enormes dificultades”, manifestó por su lado el máximo jefe de esa guerrilla Rodrigo Londoño cuyo alias “Timochenko” empieza a desaparecer de los reportes de prensa donde se le nombra ahora por su nombre de pila.
Entretanto, los abogados de presos de FARC celebran la expedición del Decreto 277 que se dio a conocer el pasado viernes, y que dicta disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales en el marco de la Ley 1820 aprobada en diciembre del año pasado. “Estamos contentos, creemos que esto va a dar una ruta y aclarar muchas dudas de funcionarios judiciales que tiene desconocimiento o temor para proceder frente a las amnistías”, explica el defensor de derechos humanos. Para Lacombe, “el poder ejecutivo y el poder legislativo han cumplido en el tema de las amnistías, prueba de ello es la Ley expedida en diciembre, pero el poder judicial ha sido limitado”, dice agregando que el Fiscal General de la Nación, Néstor Martínez, ha sido una de las piedras en el zapato para la aplicación de la Ley 1820. “Pareciera que le está haciendo un juego macabro a los opositores de la paz”, dice el abogado confiando en que los detalles del decreto recién expedido serán garantía para la pronta libertad de sus defendidos.
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