El martes 24 de enero por la mañana circuló entre los miembros del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos el borrador de un decreto presidencial que autorizaba la reapertura de las cárceles en el extranjero (desde la de Guantánamo hasta los “black sites” o centros clandestinos de detención) y los interrogatorios (desactivados en 2009 por ser considerados métodos de tortura).
El borrador se filtró a la prensa y fue publicado por The New York Times el día 25. Y aunque el mismo diario aclara que no se sabe si el presidente Donald Trump lo va a firmar, su solo borrador obliga a un análisis minucioso y a un llamado de alerta.
A partir del 2001, como parte de la “guerra contra el terror”, el presidente George W. Bush autorizó operaciones secretas que incluían el traslado de personas detenidas ilegalmente hacia cárceles clandestinas. Los traslados se hacían en aviones de la CIA con varias escalas en aeropuertos cuyo acceso EE.UU. tenía previamente garantizado.
Cuando los europeos se enteraron que entre 2001 y 2005 los aviones de la CIA habían hecho por lo menos 1.245 escalas en aeropuertos de Europa “llevando a bordo a sospechosos víctimas de ‘desapariciones forzadas’, conducidos ilegalmente hacia la cárcel de Guantánamo o hacia prisiones clandestinas de países cómplices (Egipto, Marruecos), en las que la tortura es una práctica habitual”, según explicita un informe del Parlamento Europeo con fecha del 14 de febrero de 2007, se armó el escándalo. Bush hijo tuvo que blanquear las operaciones como una “versión modificada del Programa rendición, detención e interrogatorios” y el ex premier británico, Tony Blair, tuvo que pedir disculpas ante el Parlamento por el tránsito de detenidos-desaparecidos en la isla.
Los vuelos de la CIA transportaron detenidos ilegales hacia Bucarest, Bakú, El Cairo, Dubai o Islamabad -pero también hacia destinos norteamericanos como Washington y europeos como Roma, Frankfurt, Glasgow o las islas Azores entre decenas de destinos-. El New York Times acompaña su nota del 25 de enero pasado con un mapa donde se señala algunos de esos “black sites” ubicados en Lituania, Polonia, Tailandia y Rumania.
Hay pruebas de que los aviones eran campos de concentración en movimiento donde se torturaba a los prisioneros durante el vuelo. En algunos casos, salvo los descensos para cargar combustibles y pertrechos, el avión estaba hasta tres días en el aire con lo cual técnicamente no existía un lugar geográfico en el que el detenido hubiera sufrido apremios ilegales.
En varias ocasiones el Departamento de Estado alquiló, para estas operaciones, aviones privados. El acuerdo lo realizaron a través de “empresas contratistas” como la muy conocida DynCorp, proveedora de insumos para la guerra que incluye los bien conocidos mercenarios del Plan Colombia o involucrada con la multimillonaria reconstrucción de Irak después de ser destruida por las bombas. Según el sitio The Intercept, el ex marine, general John Kelly, ex jefe del Comando Sur y hoy al frente del Departamento de Seguridad Interior estuvo muy vinculado a Dyncorp. Kelly como jefe del Comando Sur permitió la violación de los derechos humanos en Guantánamo y se opuso a los planes de Obama para cerrarla.
No hay dudas de que Trump es partidario de la mano dura militar. Que igual que Bush hijo tiene un gabinete formado por halcones belicistas. La diferencia con su antecesor republicano es que lejos de mantener estas operaciones en secreto, las exhibe como si por dejar de ser clandestinas dejaran de ser ilegales.
La pregunta es ¿por qué? El proyecto de liderazgo único en manos de EEUU quedó definitivamente sepultado. Agotada esa fase, el imperio apela a la carta militar como herramienta principal para enfrentar este nuevo ciclo de transformación del orden mundial que ya se sabe, es inevitable.
Telma Luzzani | Página12
