El gobierno ucraniano parece crear un escenario, en el que provoca la guerra en Donbass, se presenta luego como víctima y trata de involucrar a la Unión Europea (UE) y, sobre todo, a la nueva administración estadounidense.
Desde el 28 de enero, después de violar decenas de veces y a diario la última de las 35 treguas pactadas en los últimos años, -esta vez en septiembre de 2016-, el ejército ucraniano inició escaramuzas que tenían un abierto carácter de provocación en Donbass.
En lugar de realizar una ofensiva con grandes unidades, Kiev apenas empleaba dos escuadras reforzadas con blindados y apoyadas con fuego de morteros para atacar posiciones aisladas de las fuerzas de autodefensa de la República Popular de Donetsk.
Con ello, consideran analistas, se buscaba una reacción bélica de las milicias populares de Donetsk para presentarlas como agresores ante los ojos de la opinión pública, como ocurrió con la sorpresiva interrupción de una visita del presidente ucraniano, Petro Poroshenko, a Alemania.
A diferencia de Washington, financiador y creador en su momento de las protestas violentas en Kiev lideradas por la ultraderecha entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, así como promotor de la guerra en el Donbass, Berlín y París optaron por buscar a Moscú para un diálogo directo con Poroshenko.
Pero era necesario convencer a potencias occidentales, que por lo general aportan dinero para la desfallecida economía ucraniana, y, como afirmó recientemente el mandatario ruso, Vladimir Putin, presentarse una vez como víctima ante la opinión pública internacional.
Aún cuando el segundo al mando de las fuerzas armadas ucranianas elogió a sus tropas por avanzar paso a paso para reconquistar Donbass, Poroshenko insistía, nuevamente, en acusar a Moscú de ser la responsable de la nueva escalada en el sureste ucraniano.
Una estrategia de la guerra, dirigida, entre otros hechos a desviar la atención de la paupérrima situación de la economía ucraniana, fue situar tanques o sistemas coheteriles entre edificios de zonas residenciales o donde está prohibido por mutuo acuerdo.
Tales acciones, algunas de las cuales ocurrieron ante la mirada indiferente o cómplice de la misión de observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), buscaban, como todo parece indicar, una respuesta bélica de los rebeldes en esas áreas.
Desde la UE, la dirección de la OSCE y de la ONU, cuyo Consejo de Seguridad preside Ucrania desde la semana pasada, solo se escuchan llamados generales para que las partes enfrentadas pongan fin de inmediato a los combates, sin señalar a los culpables de la crisis.
La presidencia ucraniana afirmó, incluso, que en una conversación telefónica de Poroshenko y su similar norteamericano, Donald Trump, ambos llamaron al fin inmediato de los enfrentamientos y situaron el diálogo como única salida al conflicto en el sureste ucraniano.
El vicejefe de la comandancia militar de Donetsk, Eduard Basurin, denunció que Ucrania concentra cada vez más tropas y medios de combate para formar una fuerza de choque a lo largo de toda la línea de confrontación en Donetsk que alista sistemas coheteriles Tochka-U.
De ser así, Kiev, a donde en febrero de 2014 llegó al poder un gobierno golpista de la derecha con respaldo neofascista, viola el acuerdo pactado en febrero de 2015, en Minsk, para que ambas partes retiraran su armamento pesado de la línea de enfrentamientos.
Kiev para nada ofrece signos de querer cumplir con los acuerdos de Minsk, pero amenaza con aplicar legislaciones internas que podrían empeorar aún más el tema de la integridad territorial ucraniana.
Luego del golpe de Estado, Donetsk y Lugansk rechazaron la asonada y su intento de eliminar el ruso como lengua oficial lo que las llevó a celebrar sendos referendos sobre independencia, en marzo de 2014. Un mes después Kiev empezó contra ellas una operación de castigo.
Ahora la Rada Suprema discute una ley aún más polémica aún para dejar al ucraniano como única habla en la que se pueda educar, difundir noticias y filmes o emitir documentos oficiales.
Mijail Potrobinski, director del Centro de Investigaciones Políticas de Kiev, considera que ello amenaza con formar nuevas repúblicas populares independientes en Odessa o Jarkov.
Con ello coincide el jefe de la revista online Liva.com, Andrei Manchuk, quien estima que esta vez existe el peligro que la ley desestabilice aún más a la sociedad ucraniana.
Mientras la OSCE finge no entender cuando civiles en Donetsk le reclaman hacer algo para parar el cañoneo sobre sus casas en Donbass, Poroshenko parece mantener la guerra como pretexto para garantizar poder y dinero, aunque cada vez le creen menos en Occidente.
Antonio Rondón García
Tomado: LibreRed.net
