Sorprende y preocupa la ambivalencia del Gobierno Nacional en torno a temas tan sensibles, que implican tanto para la construcción de una paz estable y duradera, como el Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP con el que se pretende finalizar un conflicto de más de cinco décadas. Además del notorio incumplimiento logístico en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización ZVTN y el polémico Código de Policía; ahora se suma el visto bueno dado por la Corte Constitucional a la Ley 1776 de 2016 (ZIDRES).
Esta ley reiterativamente fue rechazada por organizaciones agrarias campesinas, indígenas, ambientalistas y étnicas de todo el país. Quienes han denunciado que con esta norma se restringe significativamente el acceso de los campesinos a la tierra, permitiendo a quienes no son sujetos de reforma agraria acceder sin límite de tiempo al usufructo del suelo, sin límite en la extensión de los terrenos a utilizar y sin tiempo definido.
Al mismo tiempo preocupa que no se exijan requisitos a las extensiones y disposiciones de los baldíos, como también que no se califique a quiénes serán las personas naturales o jurídicas que podrán acceder a los terrenos, dando cabida a que en desmedro de la soberanía nacional se dé la entrada de capital extranjero sin ningún tipo de contraprestación.
Todas estas situaciones generan preocupación debido a que en dicha Ley se encuentran varios vacíos jurídicos que abren la posibilidad de violar los derechos de los campesinos. Lo que agravaría las ya paupérrimas condiciones de vida a las que se ven sometidas las comunidades agrarias del país.
Si consideramos que el campo ha sido el escenario principal de la confrontación armada en Colombia, y que como lo dice el mismo Acuerdo de Paz, fue allí donde se generaron las causas históricas del conflicto como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales. Las acciones que debe tomar el Estado deberían ir en función de transformar estructuralmente el campo, garantizando una efectiva implementación del Acuerdo Final, mejorando así las condiciones de vida de las comunidades más pobres del país. De lo contrario, el mensaje que están enviando las instituciones al país entero es un mensaje de guerra y de continuismo que, tarde o temprano, les pasará factura.
Tomado: Agencia Prensa Rural
