Los manifestantes son detenidos en las protestas antigubernamentales por “agentes policiales vestidos de civil, en vehículos no institucionales o sin placa patente”, que trasladan a los detenidos a “lugares no habilitados para ello”, denuncia la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, según recogió el sábado el medio local El Mostrador.
Los carabineros obligan a los detenidos a “desnudarse frente al personal”, “disparan perdigones y lanzan bombas lacrimógenas directo al cuerpo” de los manifestantes, incluso “golpean a mujeres embarazadas”, además de obligar a los detenidos a “arrodillarse en el suelo mientras son golpeados”, revela la aludida instancia en su informe.
En un caso, añade la publicación, un agente militar cogió a un detenido por el cuello, causándole síntomas de asfixia.
La Defensoría Jurídica, que se ha encargado de resguardar los derechos de los manifestantes detenidos, elaboró el informe, tras visitar comisarías, hospitales y centros de detención en diferentes zonas de Santiago, donde han constatado torturas, detenciones ilegales y otros atropellos a los derechos humanos, sin embargo, aún hay dificultades para acceder a la información de todos los arrestados, apostilla.
“Un problema recurrente ha sido la dificultad que han tenido los observadores para acceder a diversas comisarías de la región que se niegan a entregar información, registros, o acceso a sus dependencias para poder monitorear la debida garantía de los derechos humanos de los detenidos. Se vulnera así lo establecido en el artículo 19 numeral 7 inciso d que establece la publicidad de los registros”, señalan los abogados.
De igual modo, puntualizan que en el caso de lesiones, 55 de las denuncias son por impacto de perdigones en diferentes partes del cuerpo. 13 de estas denuncias contemplan impactos en la cabeza o rostro y 14 incluyen impacto de más de tres perdigones. Hay 3 atropellos de vehículos policiales y 6 por impactos de bombas lacrimógenas al cuerpo.
A todo eso se suma el ingreso no autorizado de carabineros a domicilios de manifestantes y detener a personas más vulnerables, como menores de edad, entre niños y adolescentes y migrantes.
Distintos analistas coinciden en que el Gobierno del presidente Sebastián Piñera recurre a crueles tácticas de la época de la dictadura para calmar el descontento social, que dio inicio a las protestas para rechazar, inicialmente, la subida de los pasajes del metro, pero, ahora, se han convertido en plataformas para rechazar también el modelo económico liberal.
La tensa situación, agravada por constantes denuncias de represión, maltratos y torturas, ha obligado a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la chilena Michelle Bachelet, a enviar una misión al país latinoamericano para investigarlas.
Tomado: Tercerainformacion
