El “autoproclamado” y su "seudoembajador" en EE.UU. Carlos Vecchio, están impulsando ante la Casa Blanca una Orden de Protección de Activos (APO, por sus siglas en inglés), con lo cual se evitarían acciones judiciales por el no pago de los bonos 2020, cuyo monto es de 913 millones de dólares, hecho que debería ocurrir el próximo 28 de octubre.
Sin embargo, esto no es muy bien visto por los centros de investigación y “tanques pensantes” (Tink Tank) de EE.UU. quienes apuestan más a una “salida negociada” con los acreedores de esta deuda, de quienes son voceros oficiosos.
Ariel Cohen, miembro principal del Centro Internacional de Impuestos e Inversiones del Atlantic Council, centro de investigación ligado a la Organización del Atlántico Norte (OTAN), publicó un artículo en la revista Forbes donde asegura que dicho acuerdo sería para “ayudar a PDVSA y evitar esto”.
Sin embargo, deja claro que la política de renegociar la deuda ha sido negada por los representantes de Guiadó, por lo que insta a Washington para que aliente al dirigente de Voluntad Popular “para una negociación comercial con los acreedores”.
Esto basándose en la posibilidad de que la empresa energética rusa Rosneft pueda quedarse con parte de Citgo, pues sus acreencias están garantizadas por el 49 por ciento de las acciones de la filial de PDVSA.
Cohen, quien es asesor de organizaciones como el Banco Mundial, el Pentágono y el Senado de EEUU, destacó además que el “despido” de Ricardo Hausmann, un fuerte defensor de que se reconozca la deuda comercial que han propiciado los sectores importadores de Venezuela, puede ser consecuencia de la postura de Guaidó.
Y es que la salida de Haussmann se debió a que “abogó por una estrategia de repudio de la deuda”, explica en su artículo el creador de Market Analysis Ltd, grupo de consultoría económica especializado en política de competencia, reforma regulatoria y diseño de mercado.
El pasado 15 de agosto, en una entrevista con la agencia AFP, el hasta entonces principal asesor económico de la conspiración en Venezuela, dejaba su posición muy clara, al asegurar que “formalmente, lo que dice el bono 2020 es que los tenedores tienen garantías en las acciones de CITGO y tendrían el derecho de exigir que el juez tome las acciones y les cancele a ellos, eso es lo que tenemos que impedir que ocurra”.
Vale destacar, que en un documento publicado en el mes de julio, firmado por Hausmann, Alejandro Grisanti (integrante de la pretendida directiva de PDVSA nombrada por Guaidó) y el "seudoprocurador" José Ignacio Hernández, donde fijan las pautas de la reestructuración de la deuda venezolana se puede leer que “todas las demandas comerciales heredadas, no importa su origen, tendrán que ser tratadas dentro del programa de recuperación económica de Venezuela”.
No hay que olvidar que las acciones de Guaidó y sus aliados también están permitiendo que acreedores como la canadiense Crystallex se pueda quedar con una parte de CITGO. Para ello la trasnacional tiene como apoyo a José Ignacio Hernández.
Durante el proceso judicial entre PDVSA y la compañía minera canadiense realizado en 2018, Hernández había servido como testigo experto asegurando que filiales como CITGO son una misma entidad con el Estado venezolano.
Este alegato sirvió para que una corte estadounidense le permitiera a la minera actuar contra CITGO pese a que su deudor es el Estado venezolano.
El pasado 3 de octubre, una corte federal en Estados Unidos falló en contra de Venezuela, permitiéndole a la compañía trasnacional iniciar el proceso legal para vender parte de los activos de CITGO. En total recibiría un pago de 1.200 millones de dólares.
Ya en el 2018 un juez federal de la Corte del Distrito de Wilmington, Delaware, determinó que PDVSA constituye una misma entidad con la República Bolivariana de Venezuela, lo que permitría a la transnacional comenzar el proceso de saqueo de los bienes de Venezuela.
Cohen realizó una fuerte crítica en como Juan Guiadó y sus aliados usan políticamente a Citgo, algo de lo que irónicamente el dirigente de Voluntad Popular ha acusado al Presidente Constitucional, Nicolás Maduro.
Vale resaltar que CITGO no es la única compañía que está siendo usada y saqueada por la oposición venezolana en el exterior.
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello ha denunciado que así como Voluntad Popular se está quedando con CITGO, Primero Justicia desea apoderarse de Monómeros, filial de Pequiven en Colombia, y al partido un Nuevo Tiempo le entregaron el control de la empresa CVG Alunasa que se encuentra en Costa Rica.
Cabello recalcó que el despojo de dichas compañías es el desarrollo de la política de “cobro” por apoyo, que es implementada por Donald Trump.
Tomado: Tercerainformacion
