El congresista colombiano Ivan Cepeda calificó de contrasentido que un Gobierno inmerso en un proceso de paz impulse, a la par, una reforma constitucional al fuero militar, que sirve de marco para la impunidad en la guerra.
Le hemos planteado al Gobierno, declaró a Prensa Latina, que nos diga claramente a qué va a La Habana, si a un amago de proceso de paz mientras se legisla para continuar la guerra y darles seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública de que no ocurrirá nada cuando incurran en futuras ejecuciones extrajudiciales de civiles.
Por esa razón, subrayó, presentamos una demanda ante la Corte Constitucional contra la reforma al fuero militar y ahora vamos a intervenir ante la Corte cuando se produzcan las audiencias ciudadanas para emitir una opinión sobre este nuevo esperpento.
La ampliación del fuero militar fue aprobada en el Congreso el 14 de diciembre de 2012, y en este momento se ultima la regulación de una Ley estatutaria que pondrá en marcha ese marco jurídico, sometida hoy debate y votación en la Cámara baja y luego a examen de la Corte Constitucional.
Representante a la Cámara por el Polo Democrático, Cepeda afirmó a Prensa Latina que se han presentado más de 50 proposiciones impugnando, en primer lugar, la propia ley y además algunos de sus artículos más graves y nocivos.
Sin embargo "no albergamos ninguna esperanza ni optimismo de éxito, en medio de una situación tan desventajosa".
A su juicio, el desarrollo de la reforma constitucional al fuero militar constituye una distorsión del derecho internacional humanitario e introduce una figura preocupante en extremo, como es la de objetivo o blanco legítimo.
Eso significa, explicó a Prensa Latina, que "en una acción militar los miembros de la fuerza pública puedan actuar contra un civil, si asumen que hay una alta probabilidad de que ese civil pueda ser hostil".
Es decir, precisó, se parte de la presunción de que cualquier persona puede ser víctima de un ataque de la fuerza pública.
Escudándose en semejante tesis, agregó, los militares que agredan a un blanco legítimo o en alguna de sus operaciones esos blancos resulten heridos o muertos, sus ejecutores serán objeto de un proceso ante un tribunal militar, y no juzgados por la justicia civil penal.
Desde su primer anuncio, la reforma del fuero militar suscitó una oleada de rechazo nacional e internacional por parte de organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos, partidos políticos, juristas, intelectuales y Premios Nobel.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia para los derechos humanos, en un comunicado difundido el 13 de junio expresó su preocupación por algnos de los asuntos relacionados con el proyecto de ley estatutaria.
En su opinión, si dicha ley es adoptada, podría traer como consecuencia que casos de "falsos positivos" (civiles ejecutados extraoficialmente y reportados luego como guerrilleros caídos en combate), actualmente bajo el régimen penal, puedan ser transferidos al Ministerio de Defensa en lugar de ser juzgados por una autoridad judicial independiente
Agrega que, aun cuando las autoridades sostienen que el proyecto de ley no permite tales transferencias, "lo cierto es que principios constitucionales aplicables en materia penal, como el de no retroactividad de la ley penal, implican que tales disposiciones sean inaplicables en la práctica", sostiene.
Tras considerar innecesaria esa reforma, el comunicado de ONU señala que la normativa existente hasta 2012 se correspondía con las obligaciones internacionales de este país suramericano en materia de derechos humanos y buenas prácticas internacionales.
A pesar de que el sistema anterior no era perfecto, puntualiza, muchos de los problemas identificados por sus detractores podrían haberse minimizado desde hace tiempo mediante la creación de una defensa especializada, la adecuada formación de jueces y fiscales y la utilización de justicia restaurativa, entre otros recursos.
Tomado: Prensa Latina
