La Corporación Solidaridad Jurídica, organización sin ánimo de lucro, legalmente constituida, defensora de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario de la población más vulnerable; denuncia ante la comunidad nacional e internacional el asesinato perpetrado el 14 de noviembre de 2016 de dos guerrilleros de las Farc-EP. Hecho realizado por tropas del Ejército Nacional en fragante violación al cese al fuego bilateral y definitivo pactado entre el Gobierno y la insurgencia; así como se ordenó mantener en el decreto presidencial 1386 del 26 de agosto de 2016 expedido por el presidente de la república.
En la fecha mencionada un grupo de guerrilleros se desplazaba por la jurisdicción del municipio Santa Rosa, al sur del departamento de Bolívar, hacia la zona de pre concentración autorizada por el Gobierno Nacional. Para la realización de dicho desplazamiento se habían adelantado y se estaban cumpliendo los protocolos de rigor a fin de cumplir con lo acordado.
No obstante lo anterior, miembros del Ejército Nacional, al advertir la presencia de los guerrilleros en inmediaciones de Santa Rosa, y sin mediar requerimiento alguno, procedieron a arremeter contra ellos en una ataque aleve y sorpresivo, cuyo resultado fue el asesinato de dos miembros de las Farc-EP. Una guerrillera que había quedado herida fue ultimada en forma despiadada al tratar de auxiliar a uno de sus compañeros.
Este hecho demuestra la necesidad de profundizar en la búsqueda de medidas que ofrezcan seguridad a miembros de esta guerrilla como el reajuste de los protocolos de comunicación entre la insurgencia de las Farc-EP y el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa y las organizaciones garantes como la Comisión Tripartita, capaces de garantizar la integridad física de los combatientes de las Farc-EP. El no garantizar tan siquiera el traslado de los combatientes a las zonas de pre concentración es una señal clara y abierta de los enemigos de extrema derecha interesados en sabotear el proceso de paz adelantado entre ambas partes, cuyos resultados finales son conocidos con esperanza de lograr la paz con justicia social.
Como defensores de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario repudiamos estos actos execrables de quienes se resisten a aceptar la construcción de la paz en nuestro país y poner fin al largo conflicto armado que tanto flagelo. Por lo anteriormente expuesto solicitamos que se inicie y se lleve hasta las últimas consecuencias la investigación de los hechos para que la comisión, ya sea de verificación u otra especial que se conforme de urgencia, presente resultados para llegar a la verdad sobre los motivos que existieron y que dieron como resultado esos trágicos hechos.
No vamos a permitir que, igual que en otras oportunidades en las que hemos buscado la paz, los enemigos anegen la patria en sangre. Por eso desde los más amplios sectores de nuestra sociedad, que hoy con mayor vehemencia reclaman la paz, alertamos a las comunidades y organizaciones populares para que permanezcamos alertas ante este tipo de provocaciones que solamente derrotaremos mediante la movilización y exigiendo la implementación inmediata de los acuerdos de La Habana.
Exigimos del Gobierno Nacional una investigación sobre estos hechos para que los responsables sean sancionados, así como también para que se instruya a los miembros de la Fuerza Pública para que respeten los protocolos establecidos con las Farc-EP a fin de que puedan cumplir con las labores de pedagogía para la paz y lo pactado en La Habana.
Hacemos un llamado de solidaridad a la comunidad nacional e internacional, a las Naciones Unidas, OEA, Cruz Roja Internacional, entre otros organismos, para que expresen su voz de protesta por estos hechos que atentan contra la construcción de una paz estable y duradera con justicia social que tanto anhelamos los colombianos.
Publicado en: Solidaridad jurídica
Tomado: Agencia Prensa Rural
