En el Caribe, una bebé nació en un campamento. En los Llanos, dos frentes –uno disidente y otro que le apuesta a la salida negociada a la guerra– se enfrentaron a fuego abierto. En Antioquia, un líder campesino de la costa fue asesinado. Y en Bogotá la derecha que rechaza este proceso de paz continuó criticando los gestos de reconciliación entre policías, funcionarios de ONU y guerrilla, que siguen apareciendo en fotos bailando juntos en las fiestas de fin de año. Mientras tanto, unos 7500 hombres y mujeres de las FARC están concentrados en 51 puntos de pre agrupamiento temporal a la espera de pasar a las zonas veredales de normalización donde dejarán las armas y darán el paso más importante de sus vidas: regresar a la vida civil.
En los primeros días del año, gobierno, guerrilla y Naciones Unidas trabajan sin descanso para adelantar las tareas de la llamada implementación de los acuerdos de paz. Esta semana, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) que integran las tres partes anunció que, aunque van con retraso, las construcciones donde vivirán las FARC para dejar las armas están en marcha en todo el país. Para ello se creó una gerencia de las zonas veredales donde fue nombrado Carlos Córdoba, quien reveló a los medios en rueda de prensa que: “En 17 zonas ya tenemos arrendados los predios, en 8 tenemos avanzadas zonas comunes y materiales para construcción de los alojamientos, así como en 9 zonas con levantamiento topográfico y en las que ya se puede ingresar maquinaria (…) Asimismo, en ocho zonas estamos en trámite de arrendamiento de predios y una zona que está en definición que es Caño Indio”.
Por su parte, Sergio Jaramillo, el estratega de los Diálogos de Paz y Alto Comisionado para la Paz, detalló que en la mayoría de las 19 zonas y 7 puntos ya se ha resuelto el tema de tierras y que 100 rebeldes del Bloque Sur de las FARC llegaron a La Carmelita, una vereda en Puerto Asís, Putumayo, para apoyar la construcción de los campamentos. Estos, según explicó el nuevo gerente de las Zonas, son complejos pues además de las zonas donde vivirán los guerrilleros se deben construir un puesto de salud, un lugar para recepción de las visitas, un puesto de mando para el trabajo del Mecanismo de Monitoreo, y un puesto de mando unificado. Lo que significa cinco construcciones en cada zona veredal que en total son 19, más cinco construcciones en cada punto que son 8. Es decir, unas 130 construcciones que estarán terminadas, según gobierno, en unas tres semanas, y que se realizan en lugares apartados donde además hay que construir vías de acceso. Se trata de aquellas tierras olvidadas por décadas por el Estado donde ni la electricidad ni el agua potable han llegado.
Pese a los retrasos, gobierno asegura que se cumplirá el cronograma de 180 días para la dejación de armas que inició a correr desde el día D + 1 según el acuerdo, o sea el 1 de diciembre, según afirmaron guerrilla y gobierno en su momento. “A los 180 días, las FARC no tendrán una sola arma en su poder y se acabarán las zonas veredales transitorias para lo que estaban hechas, que era, precisamente, para facilitar y permitir la dejación de armas”, aseguró el general Javier Flórez anunciando que esas construcciones podrían seguir siendo habitadas por los entonces ex guerrilleros para su reincorporación y actividades de capacitación, por ejemplo.
Quienes no podrán estar en estas zonas serán los guerrilleros que están dando a luz a sus hijos, pues varias parejas decidieron cumplieron su sueño de ser padres con la firma de la paz. De Esperanza y Alfredo, por ejemplo, acaban de nacer Sara Sofía en Conejo, provincia de La Guajira, donde también se dio el polémico baile entre funcionarios de ONU y guerrilleras que terminó con el despido de los primeros. Este 13 de enero, la comunidad celebrará la llegada de la paz y la vida en un “bailatón” en Conejo en simultánea con Cartagena y Tucson, Estados Unidos, en el cual también buscan sentar una voz de protesta por lo que consideran una medida injusta contra los integrantes de ONU.
Entre tanto, funcionarios de gobierno llegaron ayer a Quito para reunirse con guerrilleros del ELN e intentar destrabar el inicio de sus diálogos de paz, truncado, entre otras, porque ese ejército se niega a liberar los secuestrados y ha amenazado líderes sociales y políticos en diversas regiones del país recientemente.
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