“Yo sé tratar con delincuentes” dijo (amenazó) alguna vez Michel Temer en el Palacio del Planalto. Antes de llegar a la presidencia mediante un putch parlamentario, con el respaldo de las corporaciones judicial y policial, Temer fue ministro de Seguridad de San Pablo en 1992, cuando la policía de esa provincia mató a 111 presos de la cárcel de Carandirú.
Un año después, en 1993, como respuesta al fusilamiento de Carandirú (cuyos responsables continúan en libertad) surgiría una agremiación de reclusos, a la vez que organización criminal incruenta, denominada Primer Comando de la Capital (PCC).
Los acuerdos difusos de aliados de Temer con el PCC, la banda más poderosa de Brasil con poder de fuego dentro y fuera de los presidios, son el subtexto de esta crisis que es carcelaria pero también política y cuenta con un potencial destructivo capaz de hacer temblar al régimen implantado tras la caída de la ex presidenta Dilma Rousseff.
Por cierto el PCC está involucrado en todas las rebeliones carcelarias ocurridas desde el 1º de enero en Brasil –la última declarada ayer en Rio Grande do Norte– con un saldo que asciende a unos 140 muertos si se incluyen las víctimas de otros episodios (¿aislados?) registrados en varios estados, incluso del sur y sureste brasileño.
Ese estallido en cadena, que empezó en la Amazonia, en el norte, y siguió por la región nordeste, es contemplado por Temer desde su oficina en Brasilia, en la que permanece recluido para eludir las protestas que enfrentó las pocas veces que viajó al interior del país. Ni siquiera se trasladó a la Amazonia, donde ocurrió el primer motín, el 1º de enero, por lo que hoy los ministros de seguridad de las 27 provincias viajan a la capital federal para analizar una situación que según el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, “está bajo control”.
Al contrario de Temer y Moraes, que viajó sólo por unas horas a la Amazonia, la presidenta del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lucia Antunes Rocha, ha tomado cartas en el asunto y además de reunirse con jueces en Manaus impulsa la evacuación de las cárceles, donde cerca del 40 por ciento de los detenidos aguardan una sentencia firme o ya cumplieron sus penas pero igual siguen encerrados.
La superpoblación de los centros de detención, donde se hacinan 640 mil personas, según datos que el propio gobierno considera desactualizados, es el germen de este levantamiento, al que se suma la disputa “geopolítica” entre el PCC y otras gavillas, como el Comando Vermelho, surgido en Río de Janeiro, por el control de las rutas de drogas procedentes de Colombia y Perú a través del río Solimoes.
Quien tenga el control de los presos y las corruptas autoridades penitenciarias de la Amazonia también dominará el corredor por el que se transportan psicotrópicos hasta los grandes mercados consumidores de San Pablo y Río de Janeiro, y los puertos, como el de Santos, en el interior de San Pablo, desde donde se exportan cargamentos hacia Europa.
La actitud protagónica de la jefa del Supremo Antunes Rocha le valió la simpatía de grupos que luego de haber apoyado el golpe ya no confían en Temer, que junto con su inoperancia ante el PCC y los alzamientos, está envuelto hasta el pescuezo en escándalos de corrupción de los que ya se conocen varias denuncias, mientras nuevas, y posiblemente explosivas, serán publicadas en las próximas semanas cuando se levante el secreto del sumario de las delaciones de los ejecutivos de la constructora Odebrecht.
Según el diario Folha de San Pablo en el gobierno ven con “celos” el desempeño de la jueza Antunes Rocha, la cual ya es citada como eventual candidata a la presidencia si Temer no logra mantenerse en el gobierno debido al fuego sumado de la guerra en las cárceles y las confesiones, “delaciones premiadas”, de los directivos de Odebrecht.
En todo caso números oficiales dan una magnitud del problema en los presidios y desmienten al ministro de Justicia Moraes, para quien la casa está en orden, ya que 9 presos murieron cada día (8,8 es el número exacto) en lo que va de 2017 una estadística preocupante si se la contrasta con la de 2016 cuando murió poco más de un interno cada 24 horas.
Si el destino de Temer es incierto, no es más confortable la situación del titular de Justicia Moraes, cuya permanencia en el cargo no está garantizada debido a su inoperancia frente a las masacres y a su estilo algo histriónico: el mes pasado viajó a Paraguay, hasta donde llega el brazo del PCC, para proponer la erradicación de la marihuana en América del Sur y exponer su simpatía con la Guerra contra las Drogas, al estilo de los derechistas ex presidentes Alvaro Uribe Vélez, colombiano, y el mexicano Felipe Calderón Hinojosa.
Onda expansiva
El último motín, iniciado ayer, ocurrió en la cárcel Raymundo Nonato de Natal, la capital de Rio Grande do Norte, donde decenas de internos, pertenecientes al Sindicato del Crimen, subieron a tejado munidos de palos y facones prometiendo venganza contra el PCC, responsable de la matanza de 26 presos, algunos degollados (la búsqueda de cuerpos no concluyó), el domingo pasado en Alcaçuz, otra cárcel de ese estado de la región nordeste, en la que ayer por la tarde la situación todavía era incierta y no se descartaba otro levantamiento.
Mientras tanto en Bahia, la provincia nordestina más populosa, continuaban prófugos los 47 detenidos que se fugaron de 4 presidios y comisarías la semana pasada. Tampoco fueron capturados todos los internos que se escaparon el domingo de la Penitenciaria Estadual Piraquara, en la sureña provincia de Paraná, donde un muro fue derribado con explosivos. En el balance de esta primera quincena fatídica se debe incluir el asesinato de dos presos, uno degollado, en el reclusorio, de San Pablo.
Ese estado, el más rico y poblado del país, es gobernado desde hace dos décadas por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), cuyo líder histórico es el ex presidente Fernando Henrique Cardoso.
El Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Michel Temer y el PSDB, de Cardoso y el actual gobernador paulista Geraldo Alckmin, son las agrupaciones principales del gobierno en vigor desde hace ocho meses.
Si los problemas en la cárceles se prolongan, esto desgastará a la alianza en el poder, pero si explota una rebelión en San Pablo, o en Río de Janeiro, esto puede hacer volar por los aires a esta administración y las aspiraciones presidenciales del gobernador paulista Alckmin.
Ayer las autoridades de San Pablo finalmente reconocieron lo que el fin de semana publicó en exclusiva el diario español El País (aunque posiblemente esa información también la supiera pero evitó publicarla la “gran prensa”, discípula del gobierno): que los servicios de inteligencia policiales distribuyeron en varias comisarías un informe sobre el riesgo de que hoy, martes 17 de enero, el PCC ordene el levantamiento de cárceles paulistas.
Se estima que esa gavilla no sólo ostenta la hegemonía casi absoluta sobre cada movimiento de los cien mil presos alojados en San Pablo, sino que tiene miles de “células dormidas” diseminadas en ese estado para reeditar acciones de guerrilla urbana como las realizadas en la semana trágica de mayo de 2006, cuando hubo choques con las fuerzas de seguridad y ataques relámpago, que dejaron cerca de 600 muertos. Y por primera vez en su historia reciente San Pablo quedó en virtual colapso.
Desde entonces varias fuentes, incluso ex funcionarios de los gobiernos provinciales del PSDB, admitieron que hubo pactos de no agresión con el PCC y su enigmático comandante, Marcos Willians Herbas Camacho, alias Marcola, quien presume de haber leído a Maquiavelo y conocer la teoría de la guerra de Sun Tsu y hasta algunos escritos de Ernesto Che Guevara.
Marcola está detenido en la cárcel paulista de Presidente Bernardes, donde habría constituido su alto mando, igual que lo hizo en 2006 cuando ordenó aquel levantamiento en el que demostró la operatividad de su ejército irregular.
Otros jefes del PCC fueron “deportados” en los últimos años a penales federales ubicados en el resto del país, para impedir que impartan órdenes en su estado de origen.
Esa táctica de los gobiernos del PSDB, partido del gobiernador Alckmin y el ministro de Justicia Moraes, se reveló equivocada: sea porque no impidió el funcionamiento del PCC en San Pablo, sea porque permitió que la organización “exporte” su poder al resto del país, como lo demuestran los alzamientos recientes en la Amazonia y el nordeste, dijeron miembros del Ministerio Público en una entrevista publicada ayer por el diario Folha de San Pablo.
Tomado: Pagina/12
