De las 303.642 hectáreas con sentencia de restitución o compensación a los propietarios despojados en el marco del conflicto armado en Colombia, 10.058 corresponden a Antioquia, es decir, 3,31 por ciento del total nacional.
Y eso que de los 114.148 solicitantes del país, 20.261 lo hicieron en Antioquia y sobre predios ubicados en este departamento, es decir, son el 17,75 por ciento de los reclamantes de la nación.
Así está consignado en el más reciente informe de regional de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), del 8 de agosto de 2018 y que incluye registros hasta el 30 de junio de 2018. Según la entidad, alrededor de 9.000 personas, entre propietarios y sus familiares, ya han regresado a sus tierras en Antioquia, “con plenas garantías jurídicas” y con posibilidad de acceder a recursos del Gobierno Nacional para proyectos productivos.
Los municipios con mayor extensión restituida son Turbo, con 2.094 hectáreas; San Carlos, con 1.690 hectáreas; y San Roque, con 1.515 hectáreas. Los dos primeros, según el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA), mostraban, a noviembre de 2016, los más altos índices de propiedad rural abandona en el país por causa del conflicto: 23,7 por ciento el de Urabá y 23,5 por ciento el del Oriente. Por tal razón, se encuentran entre las localidades que han recibido prioridad en el proceso de restitución.
Se trata de un avance modesto, si se tiene en cuenta que la meta para el cierre de la administración pasada era haber resuelto 281.207 casos de reclamantes, pero, como ya se dijo, las solicitudes apenas llegaron a 114.148.
El abogado e investigador Alejandro Reyes Posada explica que “la Ley 1448 de 2011 abarcó tanto tierras despojadas como abandonadas por violencia. Puede que las despojadas fueran más de 114.000, pero no muchas más. Dos tercios fueron simplemente abandonadas, sin que hubieran pasado a manos de terceros, y muchos campesinos han retornado cuando mejoraron las condiciones de seguridad. Por ese motivo la restitución ha sido exitosa, aunque necesariamente lenta por la complejidad de los derechos sobre la tierra, de los cuales el 70 por ciento eran informales”.
Jennifer Mojica, de la Comisión Colombiana de Juristas, reconoce que “hubo avances importantes en implementación de la ley, se hizo un esfuerzo grande en la creación de la URT (…) pero hay cifras inconclusas, aún no sabemos cuántas tierras fueron despojadas, faltan muchas personas por ir a reclamar, no sabemos cuál es el universo real de las víctimas del despojo, pues todavía hoy hay despojo, y la unidad de restitución no fue a todas partes”.
Uno de los mayores problemas estriba en el reclamo simultáneo de predios por diferentes actores -grupos étnicos, organizaciones comunales, grandes y pequeños propietarios- que en la actualidad tienen bloqueadas 59 millones de hectáreas en todo el país, que no pueden ser declaradas como baldías ni compradas para destinarlas a restitución hasta tanto no se resuelvan los pleitos administrativos y judiciales, según informe de la Agencia Nacional de Tierras del pasado 29 de julio. En Antioquia, según esta entidad, hay más de 2.731.000 hectáreas en esta situación en 23 municipios, las cuales aún no se pueden formalizar.
Para Reyes Posada, esas cifras son dudosas, toda vez que hace pocos meses, el Ministerio de Agricultura delimitó la frontera agrícola del país en 40 millones de hectáreas. Sin embargo, dentro de las tierras reclamadas por algunas comunidades hay millones de hectáreas que se encuentran en áreas protegidas, como parques y reservas naturales.
“Hay un represamiento de sentencias sobre unas 700.000 hectáreas, que irán saliendo en los próximos meses. Debe considerarse que los jueces de restitución también deben fallar tutelas de salud y pensiones, que copan la mayor parte de su tiempo por tener tiempos tan cortos para fallar”, asegura el experto.
Pero la abogada Mojica no cree que solo sea esta cantidad de tierras la que está pendiente del proceso jurídico y ni que las reclamaciones se resolverán en poco tiempo: “la URT ha desestimado más del 60 por ciento de las solicitudes en su mayoría por causales que no son de fondo y que, consideramos nosotros, son ilegales, como los casos de las comunidades y personas a las que les rechazaron su petición sobre zonas con protección ambiental. Pues si no pueden volver allí, que se les compense, pero no que se les niegue”.
“No es que los resultados no sean importantes, sino que los retos que quedan son los más difíciles. En estos años que faltan de aplicación de la Ley, el reto de la URT es enfrentar los casos y entrar a las zonas donde hubo despojo por confabulación de paramilitares y empresas, como la en la región de Urabá”, afirmó Jenniffer Mojica, quien reiteró que, por eso es posible que las metas de la norma no se alcancen.
La Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas, está vigente hasta 2021 y en caso de que el proceso restitución de tierras despojadas o abandonadas no haya concluido entonces, puede ser prorrogada por el Congreso de la República.
Tomado: Agencia Prensa Rural
