La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) censuró ayer la decisión de la Justicia chilena de liberar a un grupo de militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). En un crítico comunicado, la CIDH expresó su preocupación por la decisión tomada por la Corte Suprema de Chile, que a finales de julio concedió la libertad condicional a siete ex agentes de los aparatos represores del régimen de Pinochet tras acoger favorablemente sendos recursos de amparo de sus abogados. “La CIDH recuerda que en relación con penas impuestas por graves violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido al deber estatal de abstenerse de recurrir a figuras que pretendan suprimir los efectos de la sentencia”, señala la comisión, con sede en Washington.
La CIDH, que es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se encarga de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el continente, lanza además un mensaje a la Justicia chilena de cara al futuro. “Confía que la Corte Suprema de Chile realizará el control de convencionalidad que está llamada a hacer, observando los estándares internacionales e interamericanos que aplican a graves violaciones a los derechos humanos, ”, indica.
La decisión de la corte ha generado en Chile polémica y duras críticas de activistas organizaciones de derechos humanos. “Hay que tener en cuenta de que la libertad condicional se justifica solo de gente que ha sido rehabilitada, no tiene sentido el conceder la libertad a personas para que convivan con otras personas si no han reconocido la gravedad de sus crímenes, ni han demostrado arrepentimiento, más allá del cumplimiento de ciertas formalidades que están señaladas en un decreto ley que es muy anterior a la ocurrencia de estos crímenes, porque cuando se emite el decreto ley sobre los cuales se regula la libertad condicional, nadie se imaginaba que se iban a cometer tantos crímenes de lesa humanidad en nuestro país,” opinó el jurista chileno especializado en derechos humanos Nelson Caucoto, en diálogo con el portal diarioUchile.
A su vez el diputado democristiano Mario Venegas, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, exigió estándares más estrictos para el otorgamiento de excarcelaciones a culpables de delitos de lesa humanidad.
“Es un tema que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, los estándares para otorgar libertad condicional debiesen ser bastante más exigentes y, por cierto, considerar el que haya habido efectivo arrepentimiento,” subrayó.
Los favorecidos con el fallo son en su mayoría oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas que estaban cumpliendo sentencias por graves violaciones de los derechos humanos durante los casi 17 años de la dictadura que encabezó Pinochet. El dictamen llegó cuando están cerca de cumplirse 45 años del golpe militar que derrocó al presidente socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Durante la dictadura de Pinochet, que se prolongó hasta comienzos de 1990, unas 3500 personas desaparecieron o fueron ejecutadas por agentes del Estado y otras 35.000 fueron sometidas a torturas, según informes oficiales elaborados ya en democracia.
“La Comisión reitera que los delitos de lesa humanidad tienen una serie de características diferenciadas del resto de los delitos por los fines y objetivos que persiguen, entre ellas el concepto de la humanidad como víctima y su función de garantía de no repetición de atentados contra la democracia y de atrocidades inolvidables,” señala el comunicado. El comisionado Luis Ernesto Vargas, relator para Chile de la CIDH, llamó al Estado chileno a no equiparar crímenes de lesa humanidad con delitos menores.
“El Estado chileno tiene la obligación internacional de no dejar impunes estos tipos de crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena, absteniéndose de aplicar beneficios típicos de crímenes menos graves que puedan desvirtuar los efectos de las sentencias condenatorias para los crímenes de lesa-humanidad,” señalo.
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