Uruguay vivió ayer una jornada de paro general que dejó vacías las calles de la capital, con mínimo transporte, escuelas y servicios públicos cerrados, tras una convocatoria de la central sindical PIT-CNT.
La huelga es en reclamo de más recursos en la ley de presupuesto que discute el Congreso, e incrementos de salario en las negociaciones colectivas en curso entre empresas privadas y empleados.
Con el llamado “el 22 yo paro” bajo la consigna “si a los trabajadores les va bien, al pueblo le va bien”, la convocatoria se produce en medio de una dura puja con el gobierno del presidente Tabaré Vázquez en un país afectado por un fuerte déficit fiscal.
“¿Por qué han subido las pensiones y jubilaciones? Porque el salario medio de los trabajadores ha crecido. ¿Por qué ha mejorado la capacidad de algunos comercios pequeños? Porque el trabajador tuvo mayor poder adquisitivo” durante los últimos 14 años, sostuvo el presidente del PIT- CNT, Fernando Pereira. Según declaraciones que publicó La diaria, Pereira dijo que la medida de fuerza “tuvo altísimo acatamiento”.
Los sindicatos reclaman presupuesto equivalente al “6% del PIB para la educación y 1% para investigación”, “más presupuesto para salud y vivienda” y “salario y mejores condiciones laborales para trabajadores públicos y privados”, sumado a “mayor y mejor distribución de la riqueza”.
La paralización se produce cuando el gobierno del centro-izquierdista Frente Amplio, que lleva su tercer período de gobierno al frente de Uruguay desde 2005, vio cesar los altos precios de las commodities agropecuarias que produce el país y que impulsaron su crecimiento, ininterrumpido desde 2003.
Aún así, el Ejecutivo prevé en su ley de presupuesto –que requiere todavía aprobación del Senado tras pasar la Cámara de Diputados con votos de la mayoría gobernante–, un crecimiento de 2,5% para 2018. Algunos analistas estiman insuficiente esa cifra para financiar el aumento del gasto público previsto (0,25 puntos del PIB), máxime cuando el objetivo oficial es llevar el déficit de las cuentas públicas a otro 2,5% del PIB.
Los analistas vienen reduciendo mes a mes sus pronósticos para el crecimiento de la actividad en Uruguay, donde varias empresas de mediano y gran porte están enfrentando problemas financieros y la creación de empleo se debilita. Para los trabajadores, la inflación se ha convertido en un escollo difícil de sortear.
Las gremiales agropecuarias dieron un portazo en las negociaciones salariales, y dejaron las conversaciones patrocinadas por el Ejecutivo en medio de una situación cada vez más deteriorada en el sector lácteo, y la tensión entre los empleadores es palpable.
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