Un decreto emitido por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha cancelado las tareas de identificación de restos de desaparecidos durante la última dictadura militar en ese país (1964-1985), que llevaba adelante el Grupo de Trabajo Perus en el cementerio homónimo, situado en la zona oeste de Sao Paulo.
El decreto 9.759, firmado el pasado 11 de abril, extingue y limita, a partir del 28 de junio, órganos colegiados vinculados al gobierno federal que hayan sido creados por decreto y que no sean disciplinados por ley.
Al poner fin a consejos y comisiones dependientes del Estado, el Gobierno suspendió la actividad del colectivo de antropólogos forenses que, desde 2014, analizaba unas 1.047 cajas con restos óseos extraídos de fosas comunes, hallados enterrados en el citado cementerio como ‘NN’.
El grupo dependía de la Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos, del Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos, y tenía la misión de concluir la identificación de víctimas de la represión política durante la dictadura militar, un trabajo iniciado en 2014, durante la presidencia de Dilma Rousseff, tras una orden de la Justicia Federal y del Ministerio Público.
Fuentes del Ministerio consultadas por la prensa local aún no dieron precisiones respecto a la continuidad o no de los trabajos de identificación, aunque señalaron que la cartera “está evaluando, estudiando y proponiendo algo dentro de los parámetros del decreto”, informó el medio Estadao.
Según la fiscal regional de la República, Eugenia Gonzaga, con esta medida el Gobierno de Bolsonaro “está implosionando todo un sistema volcado a la justicia”. De acuerdo a la funcionaria judicial, que representa el Ministerio Público Federal (MPF), el decreto no alcanza sólo al equipo de antropólogos de Perus, sino también al Grupo de Trabajo Araguaia, en la Amazonia brasileña.
Creada por ley federal, la comisión no puede ser alcanzada por el decreto, pero, según Gonzaga, los grupos de trabajo y equipos técnicos de expertos necesarios para los trabajos fueron extinguidos por el decreto de Bolsonaro: “Aunque hay fondos previstos y determinación judicial para que el trabajo sea hecho, no hay nadie hoy que pueda firmar un documento o contratar a quien sea para realizar los trabajos”, explicó.
La medida fue duramente cuestionada por referentes de la oposición y de los derechos humanos. Manuela Davila, excandidata a vicepresidenta por el Partido Comunista de Brasil, señaló en su cuenta de Twitter: “Tenemos un presidente que idolatra a torturadores y no tiene ningún compromiso con la democracia”.
El libro ‘Derecho a la memoria y a la verdad’, publicado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República durante el Gobierno de Lula da Silva, señala que al menos 475 personas murieron o desaparecieron por motivos políticos durante la dictadura militar de ese país sudamericano.
Tomado: tercerainformacion
