Durante la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz, realizada en el sur occidente colombiano, diferentes grupos políticos, altos funcionarios del Estado, incluido el presidente de la república Iván Duque, el ministro de defensa Guillermo Botero, la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez, al Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, han estigmatizado a las comunidades movilizadas de guerrilleros, de secuestradores y de estar infiltrados por grupos armados al margen de la ley.
Rechazamos categóricamente estos señalamientos y acusaciones falsas, que provienen del aparato estatal encargado de atender los reclamos de las comunidades movilizadas en Minga social, y apuntan a la construcción de falsos positivos que legitiman el tratamiento de guerra a la protesta social legitima y pacífica, la estigmatización de las organizaciones sociales que participan en ella, y el asesinato selectivo de líderes y lideresas sociales que tanto dolor está causando en nuestro país.
Especialmente se han destacado de forma negativa las declaraciones del senador Álvaro Uribe quien por medio de la red social Twitter está promoviendo abiertamente el odio y el asesinato hacia los mingueros y mingueras, repitiendo los falsos señalamientos que la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz esta relacionada con grupos terroristas.
Recordamos que el senador Álvaro Uribe ha sido uno de los más acérrimos enemigos del proceso de paz, y lo que intenta por encima del derecho a la vida de los ciudadanos y ciudadanas congregados en minga es construir escenarios de guerra y de división social, ya que la creación de miedos en la población colombiana, así como la explotación del racismo, el odio y falsos señalamientos hacia las organizaciones sociales constituyen su principal capital político.
Declaramos que la minga no tiene ningún conocimiento del accionar de grupos armados al margen de la ley, y que la actual proliferación de las disidencias de las Farc, así como la estructuración de otros grupos armados que causan desarmonización, dolor y muerte para nuestras comunidades son responsabilidad directa del Estado, producto de que el pasado gobierno de Juan Manuel Santos le dejó al país, la carga del incumplimiento sistemático en la implementación de los acuerdos de paz, y el presente gobierno de Iván Duque se dedica a desmontar lo ya pactado, traicionando los anhelos de paz y echando al traste la esperanza del pueblo colombiano, colocando a nuestras comunidades y su ejercicio de protesta legítima y pacífica nuevamente en medio del fuego cruzado.
Expresamos que las últimas declaraciones del senador Álvaro Uribe a través de la red social twitter en el sentido de que una masacre en medio de una arremetida de la fuerza pública contra el ejercicio de la protesta social legítima y pacífica estaría causada por agentes armados infiltrados, reflejan el cinismo de los constructores de guerra. Aquí hay un pueblo que clama porque sus necesidades sean escuchadas por sus gobernantes, en minga alzando la voz en una protesta que es legítima y pacífica, porque en todo momento hemos respetado el derecho a la integridad y la vida de toda la población colombiana.
Nos vemos obligados a acudir a las vías de derecho, porque estamos ante un gobierno indolente, que ha demostrado su falta de voluntad para atender a las comunidades. Hemos rechazado todas las formas de agresividad y violencia contra terceros en un ejercicio de protesta democrático, pacífico, disciplinado, y lleno de consciencia, contrario a las manifestaciones promovidas por políticos del partido centro democrático en la ciudad de Popayán que derivaron en ataques directos contra la integridad física y la vida de las personas presentes en la casa grande de Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, la misión médica de la IPS Minga y las instalaciones de la EPS-AIC en la ciudad de Popayán, hechos de violencia que llevaron a que múltiples personas presenten heridas de gravedad.
Instamos a los organismos defensores de los derechos humanos, nacional e internacional, al Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, a la Comisión Interamericana de DD.HH. a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para que, en el marco de sus funciones y competencias, velen por la protección efectiva de la vida y la integridad de los participante en la Minga, acompañen a las comunidades afectadas por los señalamientos y la estigmatización proveniente de funcionarios del Estado, y se pronuncien en rechazo a las declaraciones del senador Álvaro Uribe y la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez que pretenden preparar la vía para el asesinato de mingueros y mingueras en el ejercicio de la protesta social legítima y pacífica, y constituyen un intento de justificación del asesinato selectivo de líderes y lideresas sociales.
Pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares del suroccidente colombiano
Tomado: Agencia Prensa Rural
