Los colombianos vivieron un fin de semana lleno de tensiones y de una insurgencia social creciente en todo el país para decir basta a las políticas económicas del Gobierno de Juan Manuel Santos, quien intentó restarle importancia al paro nacional.
Aunque el mandatario aseguró la víspera en uno de sus discursos que "el tal paro nacional agrario no existe", miles de campesinos, mineros, obreros, camioneros, estudiantes, organizaciones sociales continúan en decenas de carreteras exigiendo el cese de los Tratados de Libre Comercio y las políticas neoliberales que están acabando con el pueblo.
En horas de la noche de ayer en Tunja, en el central departamento de Boyacá, uno de los más afectados y que permanece aislado del resto del país, más de 200 mil colombianos salieron a las calles de manera pacífica en un gran cacerolazo en respaldo al paro, que llega hoy a su octavo día y que para muchos ya es histórico, por su magnitud.
En Boyacá el panorama continúa álgido y las autoridades siguen militarizando la zona con la llegada de otros cinco mil efectivos, según reportes de medios de difusión. Los campesinos, la mayoría paperos y lecheros, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que se garanticen sus vidas y el derecho a la protesta.
Al hacer un balance de la situación la víspera, Santos llamó a los productores agrícolas en en huelga a trabajar juntos tras afirmar que hay reclamos justos que atenderemos y hemos venido atendiendo.
Varias han sido las denuncias de los excesos de la fuerza pública, que tienen desde un inicio la orden de actuar con total contundencia, muchas de ellas registradas en videos difundidos en internet, donde se observa a los policías golpeando e intimidando a los manifestantes, algunos de ellos heridos con armas de fuego.
Santos publicó en la red social Twitter "que si hay excesos de la fuerza pública, habrá sanciones. Resarcir a quienes fueron vulnerados sus derechos es nuestra responsabilidad", dijo, tras agregar que dio instrucción de investigar hechos relacionados con esos excesos denunciados por la ciudadanía.
La instrucción a la fuerza pública es que respeten a los manifestantes y su derecho a manifestar, la protesta es parte de la democracia, agregó.
Sin embargo continúan las detenciones arbitrarias, como la del vocero de Marcha Patriótica y miembro de la Central Unitaria de Trabajadores y la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo Huber Ballesteros, quien fue retenido en Bogotá acusado de rebelión y terrorismo.
El rechazo por este arresto ha sido unánime. Su detención, subrayó en un comunicado Marcha Patriótica, no es más que una manera de tratar de desmoralizar y quitarle fuerza al movimiento Agrario y Popular, todo lo contrario rechazamos y afirmamos que mantendremos la lucha por la defensa de la tierra y el territorio.
Lejos de amainar, la protesta sigue sacudiendo a varias regiones como Nariño, Putumayo y Cundinamarca, aunque también han levantado sus voces otros miles de campesinos de Meta, Huila, Cauca, Valle del Cauca y Antioquia.
En Nariño varios municipios permanecen incomunicados y más de 20 mil personas están apostados en las vías. En Dosquebradas, Risaralda, cerca de 60 camiones están detenidos a ambos lados de las carreteras.
Los conductores armaron improvisadas carpas en el separador, y crean un gigantesco trancón que va hasta Santa Rosa de Cabal, reportó la emisora RCN Radio. Lo mismo sucede en otras localidades.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia ha pedido calma y que las autoridades y los líderes de las protestas traten de llegar a una solución mediante el diálogo.
Hoy se espera a un equipo de esa organización en cuatro de los departamentos más afectados, entre ellos Tolima y Huila con el fin de obtener más pruebas de los hechos ocurridos hasta ahora, que han dejado más de 220 detenidos, decenas de heridos y al menos cuatro muertos, según fuentes oficiales.
Aunque ha habido acercamientos, el Gobierno y los voceros del gremio aun no logran ponerse de acuerdo y el panorama en el país sigue siendo incierto.
Tomado: Prensa Latina
