El ataque policial a una manifestación docente frente al Parlamento y la decisión oficial de descontar parte del salario de los educadores por el paro realizado, agravaron el conflicto existente en el sector.
La policía utilizó gases lacrimógenos, disparos de balines de goma y chorros de agua en un día de frías temperaturas el pasado miércoles para hacer retroceder a los miles de maestros que, en su última jornada de huelga, reclamaban cambios en la Ley de Jubilaciones.
Los dirigentes de la Federación reportaron cinco personas heridas o lesionadas, incluyendo tres mujeres, una de ellas embarazada, por la embestida policial ante el estallido de indignación de los protestantes por el rechazo de los diputados a sus reclamos.
Paralelamente, el ministerio de Educación solicito a los directores de escuelas hacer llegar al organismo la lista de los miles de participantes en la huelga, a lo cual éstos se negaron alegando se trata de un intento de enfrentarlos a la masa de docentes.
Estos graves incidentes no impidieron que los educadores cumplieran su compromiso de volver a las aulas para reanudar clases pero sólo dejando para el lunes próximo la celebración de una asamblea en la cual decidirán si vuelven al paro.
El enojo magisterial incluye el hecho de que Educación se dispone a descontar el salario de agosto a los huelguistas ignorando aún falta un fallo judicial sobre la apelación hecha por realizada declaratoria de ilegalidad de la huelga realizada.
Pesa sobre la sociedad otro posible paro de más de 50 mil docentes, además de la incorporación de los sindicatos del sector a una marcha el próximo miércoles junto a otros sindicatos y organizaciones de campesinos e indígenas con importantes reclamos sociales.
Se trata de la negativa a aceptar privatización de empresas estatales como las de los servicios eléctrico y telefónico, demanda de una reforma agraria inmediata, el alza en el monto de las jubilaciones docentes y el rechazo a la criminalización de luchas sociales.
Tomado: Prensa Latina
