El presidente paraguayo Horacio Cartes podrá utilizar a los militares para combatir a grupos armados, de acuerdo con el proyecto de ley que fue sancionado ayer por el Congreso. El Frente Guasú está en contra de la medida porque considera que otorga poderes extraordinarios al mandatario.
Cartes podrá enviar a las fuerzas armadas “para enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país”, según señala el texto aprobado por ambas cámaras en tiempo record, ya que el Poder Ejecutivo la había enviado este lunes para su tratamiento, luego de atribuir al denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) el asesinato de cinco personas en una estancia del distrito de Tacuatí, a unos 350 kilómetros al norte de Asunción, hecho que ocurrió el sábado.
La propuesta modifica así la ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, otorgando al presidente de la República la facultad de utilizar a las fuerzas armadas en el combate contra grupos armados sin declarar el estado de excepción, como está establecido en la Constitución Nacional.
De esta manera, el mandatario podrá decidir el empleo de integrantes de las fuerzas armadas dentro del país, definiendo su actuar por decreto, por el tiempo que considere conveniente. La única condición establecida es que el Ejecutivo debe informar su decisión al Congreso en las 48 horas posteriores a la firma del documento, pudiendo el Legislativo decidir la cesación del operativo.
Los cinco senadores del Frente Guasú votaron en contra del proyecto de ley argumentando que brinda amplias facultades al presidente y desequilibra las relaciones con los demás poderes del Estado. Los legisladores de los partidos Encuentro Nacional, Democrático Progresista y Avanza País también estuvieron en contra de la propuesta, pero todos juntos sólo consiguieron once votos frente a los 29 de los colorados, liberales y oviedistas.
Durante el debate en plenaria, que duró más de tres horas, el senador Carlos Filizzola, del Frente Guasú, subrayó que la modificación de la ley es innecesaria porque el presidente puede utilizar la figura del estado de excepción, prevista en la Constitución, para hacer uso de las fuerzas armadas. Los colorados y liberales, en cambio, sostuvieron que la medida es necesaria para que el mandatario haga frente al denominado EPP.
Antes de la votación en el Senado, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que aglutina a las principales organizaciones del sector, había pedido a los legisladores que rechazaran la propuesta porque considera que viola el artículo 3 de la Constitución, que establece que ninguno de los poderes del Estado “puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público”. Además, la Codehupy denunció que el proyecto de ley permite al Poder Ejecutivo instalar “un estado de excepción en forma permanente, sin límite de tiempo, y sin aprobación ni control del Poder Legislativo”.
La aprobación de la norma generó también el rechazo de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, que aglutina a los principales grupos de labriegos del país, que se manifestó en contra de la propuesta porque teme que atente contra la vigencia de la democracia.
El miércoles, el proyecto había sido tratado por la Cámara de Diputados, donde el oficialista Partido Colorado lo aprobó sin mayores problemas, contando con mayoría propia, con 38 votos a favor y 33 en contra. El proyecto de ley pasará ahora a consideración del Poder Ejecutivo para su promulgación, que se espera que ocurra en cualquier momento.
Mientras tanto, el presidente Cartes de hecho ya envió grupos militares al departamento de San Pedro, donde ocurrió el sábado el ataque atribuido al EPP, para apoyar las tareas que está realizando en esa zona la Policía Nacional. En los últimos años, el Congreso Nacional aprobó en varias ocasiones la utilización de las fuerzas armadas para combatir los ataques atribuidos al EPP, pero estas medidas no consiguieron su fin y fueron suspendidas al tiempo de ser implementadas. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que estos operativos generan abusos y atropellos de los uniformados contra la población de las zonas afectadas.
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