La justicia chilena decidió el cierre del denominado "Caso Riggs" sin procesar a miembro alguno del clan del dictador Augusto Pinochet por malversación de fondos públicos, depositados en cuentas secretas en el estadounidense Riggs Bank.
La decisión de dar por concluido el caso la adoptó el juez Manuel Antonio Valderrama, luego de nueve años de investigación, en que acumuló casi 400 tomos para determinar el origen de la fortuna del general golpista, quien murió el 10 de diciembre de 2006.
Según informó hoy el diario El Mercurio, una vez que se materialice el cierre del caso, el juez emitirá la acusación, la causa pasará al pleno de la corte y se dictará sentencia.
Finalmente, por el caso Riggs solo serán acusados oficiales de alto rango en retiro, estrechos colaboradores del dictador, quienes pueden ser condenados a penas de entre cinco y 10 años de cárcel.
El Consejo de Defensa del Estado y los abogados defensores tienen 15 días para pedir la reapertura de la causa y nuevas diligencias.
Los principales acusados son los generales (r) Ramón Castro y Jorge Ballerino, cuyas manos viabilizaron la primera cuenta de Pinochet en el Riggs, situando un falso titular, John Long.
También serán encausados el general (r) Sergio Moreno, por malversación de caudales y estafa, y los coroneles (r) Gabriel Vergara, Juan MacLean y Eugenio Castillo, responsables de una serie de anomalías, entre ellas transferir grandes sumas mal habidas, cobrar cheques para depositar dinero sucio y abrir cuentas.
Paradójicamente, Pinochet luego de su muerte fue sobreseído en este proceso. En noviembre de 2007 la Corte Suprema revocó la mayoría de las causas ordenadas por malversación, promovidas por el ministro Carlos Cerda.
Gracias al veredicto de la corte, evadieron la justicia la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart, y los hijos Marco Antonio, Jacqueline, Lucía y Verónica.
También quedaron fuera de la acusación el albacea del dictador, Oscar Aitken, y su contador José Sobarzo.
La fortuna de Pinochet ascendió a 21 millones 320 mil dólares, de los cuales 17 millones 866 mil no estaban justificados o se desconocía su origen, según arrojó una auditoría del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Tomado: Agencia Prensa Rural
