De acuerdo con la definición establecida en el 2000 por el Ejército brasileño, se consideraba de uso restringido todos los aparatos bélicos que disparen un proyectil por encima de los 407 joules (energía balística).
Sin embargo, la nueva disposición amplía el límite por arriba de los mil 620 joules.
Antes de la firma de la medida por Bolsonaro, los brasileños solo podían comprar armas con energía cinética hasta 407 joules, es decir revólveres calibres 32 y 38, y pistolas de 380.
Pero ahora pasan a ser permitidas pistolas de calibre punto 40, autorizadas solo para fuerzas policiales; las de nueve milímetros (de uso de policías federales) y de calibre 45 (empleadas por los militares del Ejército).
El documento activa asimismo la luz verde para que las personas compren armas producidas por la empresa Taurus.
Usado por fuerzas tácticas militares, el fusil T4, de calibre 5.56 y con fuerza cinética de mil 320 joules, fue creado en el país en el 2017 y se enmarca dentro de las nuevas especificaciones, advirtió el Diario Nacional.
Detalla que su compra pasó a ser posible a partir de la nueva clasificación establecida por los responsables del precepto.
En el contenido, se aumenta en hasta cuatro veces el valor del poder de fuego de instrumentos de guerra que pueden ser adquiridos por civiles.
Taurus confirmó al Diario Nacional que solo espera la regulación del decreto para vender el T4 a ciudadanos.
La compañía comunicó que tiene una lista de dos mil personas queriendo adquirir el armamento en la versión semiautomática y podrían ser entregados tres días después de la compra.
‘El T4 es un fusil de asalto, de uso militar policial, la versión disponible para el civil no tiene esa opción de ráfaga. Si el ciudadano cumple todos los requisitos legales va a poder tener uno de ellos en casa’, advirtió Benê Barbosa, especialista en armas e integrante del Movimiento Brasil Libre.
El Diario Nacional pidió una posición al respecto por parte del Ministerio de Defensa y el Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo).
La cartera de Defensa no se pronunció y solo orientó que el reportaje buscara la Dirección de Fiscalización de Productos Controlados (DFPC), organización del Ejército que fiscaliza la producción y comercio de material bélico.
Desde principios de mayo, el decreto está en vigor. Todavía no hay un cronograma para la reglamentación, pero desde su anuncio divide opiniones.
El Ministerio Público Federal, en Brasilia, exige su suspensión y actualmente existen tres acciones contra la disposición en la Justicia Federal y tres en el Supremo Tribunal Federal.
Tomado: Tercerainformacion
