Bolivia estableció ayer una comisión de la verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidos durante gobiernos militares en las décadas 1960, 1970 y 1980, aunque las Fuerzas Armadas señalaron que existe poca información sobre esos años en sus archivos.
El presidente Evo Morales, en el poder desde 2006, nombró por decreto a cinco miembros de la comisión, entre ellos el veterano exlíder minero Edgar Ramírez, quienes tomaron posesión de su nuevo cargo en un acto público celebrado en el Palacio de Gobierno. La comisión nace casi 35 años después del último gobierno militar, que entregó el poder a uno civil tras esporádicas administraciones democráticas.
Morales señaló que, según la información histórica existente, entre 1964 y 1982 se registraron “al menos 1.392 políticos asesinados, 486 desaparecidos y 2.868 exiliados y confinados”.
El ícono de los desaparecidos es el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, muerto en 1980 durante el golpe encabezado por el entonces general Luis García Meza, hoy preso con una sentencia de 30 años.
La comisión era una exigencia de las víctimas y familiares de las dictaduras militares, para que la historia boliviana dilucide esos oscuros momentos políticos.
El presidente de la organizaci¢n Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad, por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano, Julio Llanos, dijo recientemente que la instancia debe ser para “un resarcimiento integral a las víctimas, para establecer una verdad histórica de los hechos”.
La comisión es el resultado de una ley que el mismo Morales aprobó en 2016. No obstante, las víctimas se habían quejado del retraso en la designación de los integrantes para llevar a cabo la investigaci¢n.
“Cuando hablamos de dictaduras y de golpes de Estado, hablamos de Estados Unidos y de todo un programa que obedece a una cuestión geopolítica de dominio y un dominio para saqueo de los recursos naturales”, afirmó el gobernante durante el acto oficial.
De acuerdo a la legislación, este comité‚ investigará asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, cuando Bolivia estuvo gobernada por varios regímenes militares de la derecha en décadas pasadas. El fin es también identificar a los responsables y sugerir eventuales procesos legales.
El exlíder minero Ramírez, actualmente director del archivo de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), subrayó en su discurso que “la comisión de la verdad es para desentrañar lo que verdaderamente ocurrió en Bolivia, que ha sido lacerado por varias dictaduras”.
La ley obliga a que el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas e instituciones públicas y privadas permitan el acceso a toda la documentación existente sobre esos años, según indic¢ el titular del área Reymi Ferreira. Empero, los militares reiteraron ayer que la información es escasa.
El jefe de las Fuerzas Armadas, Luis Ariñez, dijo que debe haber alguna información, pero descartó que en los archivos esté “toda la historia”. “Es posible que todos esos archivos hayan sido destruidos en su momento”, aunque aseguró que entregarán el material “que dispongamos”.
Morales tomó la decisión de crear la comisión tras un primer proceso para indemnizar a las víctimas, luego de una revisión de datos que realizó el Ministerio de Justicia. Pero las víctimas exigían la verdad histórica de los hechos y una indemnización integral, pues consideran que los montos cancelados eran irrisorios frente a los vejámenes sufridos.
La instancia investigadora es el segundo intento de Bolivia para averiguar qué ocurrió desde 1964 hasta 1982. La primera vez fue impulsada en 1982 por el entonces presidente izquierdista Hernán Siles, apenas instalado en el poder. La nueva comisión de la verdad esta integrada por Ramírez, Nila Heredia, exministra de Salud de Evo Morales; el exasesor jurídico de Gobierno, Eusebio Gironda; el exdirigente sindical Teodoro Barrientos, y la activista Isabel Viscarra.
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