Durante décadas los
gobiernos uno tras otro, exponían como parte de su programa de gobierno el fin
de la guerrilla, las FARC, serían cosa del pasado. Incluso hubo algunos como el
ministro de defensa Rafael Pardo ahora ministro del pos-conflicto, quien afirmó;
que en menos de 18 meses se acabarían las FARC, por ello, desplegó uno de los
más grandes operativos, después del Plan Colombia, en la zona de la Uribe;
Meta. En contra del Secretariado, en el lugar conocido como Casa Verde.
Con lo que no contaba Gaviria-Pardo,
es que este ataque le sirvió a la insurgencia, para cambiar sus tácticas y
formas de lucha, esto les permitió desplazarse por casi toda la geografía con
el crecimiento de sus frentes, donde fueron actualizando sus formas de lucha y
de combate al Estado, enemigo político.
Pese, a que los gobiernos prometían
el fin de las FARC-EP, por la vía armada, les resultaba más fácil, arrasar
poblaciones, bombardear caseríos, asesinar extrajudicial, toda una serie de prácticas
que violan el DIH, incentivar el conflicto, aumentando el número de miembros de
las Fuerza Pública, incrementado el abultado presupuesto para la guerra. Ningún
gobierno pudo acabar con la insurgencia por las armas, sin olvidar que la CIA
en los gobierno de Uribe y Santos presto sus oficios, desplegando agentes y
operativos.
Esto puede demostrar que la
Fuerza Pública, a pesar, de ser la mejor equipada en la región, de ser la más
letal que entra a matar como dijo alguna congresista experta en esos temas, de
recibir incentivos y los mejores sueldos para los militares de carrera, no
lograron acabarla, por el contrario, se degradaron como institución no solo por
violar los derechos humanos, arte aprendido en la escuela de las Américas,
diseñada para tal fin, sino que fueron más lejos, cuando la estrategia de la
guerra con toda su degradación no les dio más réditos, decidieron inflar las
muertes en combate, con jóvenes humildes de las ciudades, en busca de
oportunidades, quienes fueron presa fácil del ofrecimiento de estos militares,
los falsos positivos, demostraron una práctica perversa de acabar con la
pobreza.
Estas prácticas entre otras
demostraron, el nulo interés de los gobiernos, en ampliar la capacidad del
Estado, modificar las prácticas corruptas, que impiden el desarrollo y crean asimetrías
sociales, incluir vastos sectores sociales en la toma de decisiones, por lo que
el Estado ha sido copado por una élite que gobierna bajos sus propios intereses,
con graves implicaciones sociales, el país logró alcanzar el deshonroso tercer
lugar en inequidad.
Todos estos elementos han
contribuido para la permanencia de la guerrilla y el crecimiento de sus
militantes, no solo la violencia que debieron afrontar muchos de sus
integrantes, fue el factor que determinó su militancia, la falta de condiciones
mínimas como educación, salud, trabajo, para una vida digna. Pese a esto, los
gobiernos no han entendido que el problema de la guerrilla y otros factores de
violencia van asociados a la falta de oportunidades, a los bajos niveles de
políticas públicas y al trabajo digno. Qué pasaría si todos los colombianos
tuvieran un empleo digno, bien remunerado, los servicios de salud de forma
eficiente, educación gratuita y obligatoria.
Al sentarse el gobierno a
dialogar con la guerrilla, acepta que lo que necesita el país, es una
transformación de todo orden, especialmente social, de reincorporar no solo
insurgentes, sino territorios al ordenamiento jurídico del Estado, pues, hasta
el momento lo que muchos colombianos conocían del Estado era la fuerza pública,
con toda su violencia, sumergidos en el completo subdesarrollo y abandono,
territorios que ni el propio gobierno sabe que existen.
El Acuerdo de paz, parece
ese tratado que busca, el reconocimiento del otro, como actor político y factor
de cambio, que se puede constituir en el salto hacia la modernización del país,
con planes de desarrollo, vías terciarias, educación y progreso. Pese a esto,
el gobierno no parece interesado en cumplir lo pactado, lo que puede terminar
con reciclar el conflicto y la violencia.
La guerrilla acordó como
elementos esenciales para iniciar la implementación, su ubicación en zonas transitorias
y la entrega de armas, por su parte el gobierno debería hacer lo propio con la
implementación. Pese a esto, el gobierno ha venido improvisando y dándole poca
importancia a estos temas. Estos hechos, han derivado en deserciones de parte
de algunos insurgentes, con el agravante que un frente sigue en pie de guerra.
La resolución de los
conflictos no son tareas fáciles, pese a esto, Colombia tiene una amplia
experiencia en procesos de paz, donde la gran mayoría, sino todos se han
encontrado con el incumplimiento del gobierno, y la desprotección total de los
alzados en armas, por lo que se ha seguido reciclando el conflicto social. Una mala
apuesta del gobierno es hacerle conejo a lo pactado y esperar que los grupos de
extrema derecha que son muchos le hagan el trabajo sucio, sobre esta
experiencia el país también es pionero.
Con esto no solo se estaría
tirando a la borda la posibilidad de vivir en un país en paz, sino que por el
contrario se estaría entrando en un conflicto de inesperadas consecuencias. Esto
solo depende del Estado.
Finalmente en este momento
cuando la ONU, está extrayendo, los contenedores con las armas y que determinan
el fin de las FARC, como movimiento alzado en armas, vale la pena preguntarse
si esta fue una revolución fracasada.
Confieso que para mí y
tantos estudiosos de los temas sociales, el fin de las FARC, no se había
contemplado como parte de una negociación, ni en estos momentos, cuando en el
mundo existe una tendencia hacia la reactivación de las guerrillas. A Santos le
digo que de usted depende que esta no sea una quimera de vivir en paz.
