El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, declaró que en los años recientes ‘‘la cifra de desaparecidos (en México) ascendió a 30 mil personas, más los que no son contados por las estadísticas; estamos hablando de muchos más’’.Por ello, consideró ‘‘fundamental que (el Congreso de la Unión) apruebe la ley general contra la desaparición forzada’’. Propuso además que haya reparación de daño y condiciones para que no ocurran más en el país.
Jan Jarab participó en el Foro sobre desaparición forzada. Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza, que se inició este martes en Chilpancingo organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Ahí, todos los participantes coincidieron en la exigencia de que el Congreso de la Unión apruebe la ley de desaparición forzada.
Grave impunidad El funcionario de la ONU manifestó que las condiciones de inseguridad e impunidad que han propiciado esa práctica en la década reciente ‘‘es uno de los temas más graves –junto con el de las fosas clandestinas– que tiene en puerta la Organización de las Naciones Unidas.
Calificó de grave ‘‘el tema de desaparición (tanto) como el del reciente descubrimiento de fosas clandestinas, de las cuales no existen registros confiables’’. Señaló que el estado de Guerrero es una entidad con marcada injerencia en estos temas, en el contexto de cumplirse tres años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala.
En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, manifestó que Guerrero es una de las entidades con mayor número de desapariciones en el país y ocupa el primer lugar en el hallazgo de fosas clandestinas, con 195. Le siguen los estados de Nuevo León y Veracruz, con 191; Zacatecas, 83; Coahuila, 51; Colima, 35; San Luis Potosí, 34; Durango, 18; Jalisco, 17, y Sonora con 12.
El ombudsman, quien recordó el referente histórico de las desapariciones forzadas de los años 70, advirtió: ‘‘No permitiremos impunidad ni olvido; nuestro objetivo es la justicia’’.
En su turno, Blanca Martínez, representante del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Torreón, Coahuila, habló del papel de las mujeres, que le ha dado un sello a la búsqueda de los desaparecidos, y exigió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) ‘‘que ponga a México bajo la lupa en el tema de las desapariciones’’.
Santiago Corcuera, ex presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, recordó que desde 2002 México ratificó en la Coridh este problema.
Sin embargo, agregó, ‘‘el camino ha sido lento y con tropiezos, ya que la tipificación de 2001 –como la Coridh nos lo hizo notar en la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco contra México, en 2009– está mal, ya que los legisladores no pudieron ni siquiera copiar adecuadamente la definición contenida en la declaración de la ONU de 1992 sobre desapariciones forzadas’’. Planteó que ahora se debe hablar de hallazgos efectivos, no de búsquedas que no producen resultados.
A su vez, Ariel Dulitzky, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, consideró que se eligió al estado de Guerrero ‘‘porque representa la continuidad’’ de ese delito en México.
‘‘Guerrero es fuente de inspiración, no sólo para México, sino para toda América Latina. Las luchas se iniciaron en Atoyac, representadas por Tita Radilla, y después con los padres y madres de familia de los normalistas de Ayotzinapa, más los otros desaparecidos en esta entidad’’.
Tomado: La Jornada
